El régimen cubano volvió a sacar cifras para defender el ritmo de sus reformas económicas. Según medios estatales, el 88 % de las 176 medidas aprobadas en junio ya cuenta con respaldo jurídico y funciona como ley dentro de la isla.
La cifra la dio a conocer el primer ministro Manuel Marrero tras evaluar la implementación del paquete que el Gobierno presentó ante la Asamblea Nacional. El discurso oficial insiste en el calendario: septiembre debe cerrar con otras 17 normas nuevas ya aprobadas.
Lo que el régimen no subrayó es lo que esas normas ya vigentes le exigen al negocio privado: estar en regla con el registro comercial bajo un nuevo régimen de sanciones. Y lo que dejan caer sobre la familia que cobra en pesos, más precios fijados en divisa.
Qué ya es ley: el Decreto 167 y el registro comercial obligatorio
El Decreto 167/2026, «Del Comercio Interior», es la pieza más concreta de todo lo que el régimen cuenta como reformas con respaldo jurídico. Lo aprobó el Consejo de Ministros el 7 de agosto y se publicó en la Gaceta Oficial No. 69, el 28 de agosto de 2026.
Entró en vigor el 4 de septiembre, siete días después, junto al resto del paquete de comercio interior.
La norma reorganiza el comercio mayorista y minorista de la isla, regula las modalidades de venta y el comercio electrónico, y crea un régimen de infracciones y sanciones para los negocios que operen al margen de las reglas.
El cambio con más consecuencia práctica llega de la mano del Decreto 168/2026, «Del Registro Central Comercial». Toda mipyme, cooperativa o negocio privado que venda al público debe estar inscrito en el Registro Central Comercial y operar con licencia, ahora integrada en una sola licencia comercial que reúne varias actividades.
Otras normas que ya están en vigor
El paquete de 176 medidas se presentó en junio ante la Asamblea Nacional, agrupado en 23 ejes. Implica revisar más de 148 disposiciones vigentes: derogar 15, modificar a fondo otras 22, ajustar parcialmente 79 y sumar más de 50 normas complementarias y 32 de rango superior, según detalló el propio Marrero ante la Asamblea Nacional el 21 de junio.
De ese paquete salieron, en las últimas semanas, varias normas que hoy ya rigen:
El Decreto-Ley 133/2026, que modificó los decretos-leyes 88, 89 y 90 sobre mipymes, cooperativas y trabajo por cuenta propia, eliminó el tope de 100 trabajadores que hasta ahora obligaba a las empresas privadas grandes a fragmentarse en negocios más pequeños. Las que lo superen deben constituirse como sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o, con un único dueño, como SURL.
El Decreto-Ley 128 autorizó la contratación directa de personal por parte de empresas con capital extranjero, sin pasar por agencias estatales, y habilitó agencias privadas de turismo.
Las resoluciones 102/2026 del Banco Central y 103/2026 del Ministerio de Economía permiten a negocios privados y cooperativas cobrar y depositar efectivo en divisas, y pagar importaciones al exterior sin autorización previa del Banco Central. La del Ministerio de Economía rige desde el 10 de septiembre; la del Banco Central, que habilita esas cuentas y depósitos en divisa, entra en vigor el 17 de septiembre.
La Ley 185, de Tierra Agropecuaria y Forestal, aprobada el 29 de julio, y su reglamento, el Decreto 175, publicado el 9 de septiembre, dieron nuevas reglas al usufructo de tierras estatales ociosas. La extensión que puede recibir cada solicitante ya no depende de un tope cerrado, sino del proyecto que presente y de lo que demuestre poder trabajar.
El cambio en el usufructo interesa en particular a los cubanos en el exterior con tierra familiar en la isla. La norma alcanza a los emigrados que mantienen su ciudadanía cubana.
Farmacias privadas: aprobadas en papel, todavía sin abrir
Desde el 4 de agosto, el Decreto 160/2026 abrió los servicios farmacéuticos a empresas privadas, mipymes y cooperativas, una actividad antes prohibida para el sector no estatal.
El Ministerio de Salud Pública evaluaba, hasta el 9 de septiembre, 36 proyectos. Solo 14 tenían aval para seguir trámites y tres estaban en constitución. Ninguna farmacia privada atendía al público todavía.
La importación de medicamentos sigue reservada al Estado, a través de las empresas Medicuba y Farmacuba. Es la norma que mejor resume la distancia entre lo aprobado y lo que de verdad cambia en un estante vacío.
Lo que falta: las 17 normas antes de que cierre septiembre
El propio Gobierno ha ido moviendo la cifra en las últimas semanas. El 21 de agosto, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que 134 de las 176 reformas, un 76,1 %, ya tenían respaldo jurídico. Tres semanas después, Marrero elevó la cuenta a 155, el 88 %.
Eso son 21 normas nuevas publicadas en poco menos de un mes. Las 17 que faltan deberían salir antes de que termine septiembre, según el propio Marrero.
En junio, el Gobierno ya había adelantado que la banca privada, las casas de cambio y el fin gradual de los subsidios universales formaban parte del paquete. Tres meses después, ninguna de esas piezas había llegado a la Gaceta Oficial.
Marrero incluyó, entre lo pendiente, la reorganización de varios ministerios y lo que llamó la implementación gradual de un impuesto al valor agregado. Es un término que, por ahora, no corresponde a ningún tributo vigente en el sistema fiscal cubano.
Área | Estado | Efecto práctico |
|---|---|---|
Comercio interior (Decreto 167) | En vigor | Registro obligatorio y sanciones para quien opere al margen |
Mipymes con más de 100 trabajadores (Decreto-Ley 133) | En vigor | Deben constituirse como SRL o SURL |
Cuentas y pagos en divisas (Resolución 102 del Banco Central) | Entra en vigor el 17 de septiembre | Cobrar, depositar y pagar importaciones sin permiso previo del Banco Central |
Farmacias privadas (Decreto 160) | Aprobadas, sin abrir al público | Sin alivio inmediato en medicinas; importación estatal |
Banca privada y casas de cambio | Pendiente | Sin norma publicada aún |
Fin gradual de los subsidios universales | Pendiente | Impacto potencial en los precios de los hogares |
Reformas económicas de Cuba: qué ya tiene respaldo jurídico, qué sigue pendiente y su efecto práctico, a 13 de septiembre de 2026.
Qué cambia para las familias y los negocios privados
Para un negocio familiar pequeño, la obligación más inmediata es el registro. Quedar fuera del Registro Central Comercial ya no es una omisión menor. El nuevo régimen de contravenciones del Decreto 167 lo convierte en motivo de sanción.
Para las familias que dependen de un salario o una pensión en pesos, el riesgo es otro. Al formalizarse la venta en divisa dentro del comercio interno, y facilitarse que los negocios cobren y depositen efectivo en dólares o euros, más precios pueden fijarse fuera de la moneda nacional. Eso presiona a quien solo cobra en pesos.
Para quien esperaba alivio en medicinas, la apertura de las farmacias privadas sigue sin materializarse. Ninguna funciona todavía y la importación depende de las mismas dos empresas estatales de siempre.
Los cubanos en el exterior con tierra en usufructo ganan margen legal para invertir en ella o transferir su gestión a un familiar, con reglas de extensión más flexibles que antes.
En CubaFull seguimos cada norma que sale de la Gaceta Oficial y lo que significa en la práctica. Quien se suscribe a nuestra newsletter recibe ese resumen apenas se publica, sin esperar al próximo balance oficial.
Análisis: la apertura que el propio Marrero acota
El 88 % es una cifra de gestión, no de resultados. Dice cuántas normas salieron en la Gaceta Oficial. No dice si cambian la vida de una familia que sigue con más de 20 horas de apagón al día.
Las farmacias privadas ilustran bien esa distancia. Hay 36 proyectos evaluados y ninguno atendiendo al público, con la importación de medicinas todavía en manos del Estado.
El propio Marrero puso el límite el jueves 10 de septiembre, en un seminario de capacitación sobre estas reformas ante directivos estatales y de gobiernos territoriales. Dijo que la mayor participación de los actores privados "para nada significa que el Estado, el Gobierno, se desentienda". Insistió en que esa apertura "lleva una conducción" y tendrá límites y supervisión.
Es una frase honesta sobre el diseño real de las reformas. El objetivo declarado no es liberalizar en el sentido con que ese término se entiende fuera de Cuba. Es ordenar jurídicamente lo que el Estado ya toleraba de facto, sin soltar el control sobre quién puede crecer y hasta dónde.
Eso ocurre en el peor momento posible para pedir paciencia. La economía cubana se contrajo más de un 15 % entre 2020 y 2025, y el propio régimen proyecta una caída adicional de hasta el 10,3 % para 2026. Todo esto en medio de la política de máxima presión que Estados Unidos aplica sobre Cuba desde principios de año, con bloqueo al petróleo y sanciones secundarias que ahuyentan a empresas extranjeras.
Los negocios privados y las familias cubanas no necesitan otro porcentaje. Necesitan que el 12 % que aún falta llegue con reglas claras, y que las 155 normas ya vigentes se hagan cumplir tanto al negocio pequeño como a la empresa estatal.
