El campo cubano llevaba casi una década amarrado a un mapa de hectáreas contadas y a contratos con fecha de caducidad. Ese mapa acaba de cambiar.
El régimen presentó un paquete de 176 medidas económicas que borra los topes de extensión y de tiempo que regían el usufructo de tierra en la isla. La propuesta la llevó el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de junio de 2026, en su Tercera Sesión Extraordinaria.
El anuncio suena a alivio para miles de campesinos y de cubanos con proyectos agrícolas varados en trámites. Pero el mapa de hectáreas nunca fue el único freno del campo cubano.
Quién puede pedir tierras en usufructo en Cuba
La reforma otorga el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas y mixtas, y también a personas naturales, según recogió el propio Granma al detallar el Eje 7 del paquete, dedicado a la gestión y el uso de la tierra.
Entre esas personas jurídicas privadas entran, por primera vez, las mipymes agropecuarias, autorizadas en el mismo paquete de medidas junto a empresas privadas dedicadas de lleno a la actividad agropecuaria.
La novedad de fondo está en el plazo. Todas esas categorías reciben ahora la tierra por tiempo indeterminado. Antes, ese privilegio era solo para las entidades: los campesinos individuales dependían de una prórroga administrativa.
La propuesta añade otro cambio de calado: elimina el requisito de trabajo directo y estable en la tierra por parte del usufructuario, una condición que hasta ahora podía costarle el contrato a quien no cultivara personalmente su parcela.
Qué actividades productivas tienen prioridad
El paquete apunta directo a las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras, además de los proyectos de eco y agroturismo.
Son los renglones que el régimen necesita reactivar con más urgencia, después de años de caída sostenida en las cosechas.
La entrega, según el documento presentado ante el Parlamento, corre por dos vías: la empresa estatal que administra la tierra de propiedad socialista queda facultada para pactar el contrato de usufructo directamente, mientras que las Cooperativas de Producción Agropecuaria pueden recibir tierra adicional, siempre con la aprobación previa de su Asamblea General.
Qué cambia frente al límite anterior
Desde 2018, el Decreto-Ley 358 fijaba el techo para un campesino individual sin tierra en dos caballerías (26,84 hectáreas), ampliable hasta cinco caballerías (67,10 hectáreas) si estaba vinculado a una empresa estatal agropecuaria, azucarera o forestal, o en zonas de ganadería mayor y polos productivos.
El plazo para las personas naturales tampoco era indefinido: hasta 20 años, prorrogables por periodos iguales con aprobación previa del delegado o director municipal de la Agricultura. Las entidades ya tenían usufructo por tiempo indefinido.
La propuesta de 2026 borra ambos límites de un golpe para todas las categorías, sin fijar un nuevo techo de extensión: el área queda sujeta al proyecto presentado, no a una tabla fija.
Aspecto | Antes (Decreto-Ley 358, 2018) | Ahora (propuesta 2026) | Impacto para el productor |
|---|---|---|---|
Extensión máxima | Hasta 5 caballerías (67,10 ha) en zonas productivas | Sin techo fijo, según el proyecto presentado | Abre la puerta a proyectos de mayor escala sin límite administrativo previo |
Plazo para personas naturales | Hasta 20 años, prorrogables | Tiempo indeterminado | Da certeza de continuidad sin depender de prórrogas cada dos décadas |
Quién puede solicitar | Personas naturales y entidades estatales | Personas naturales y jurídicas estatales, privadas y mixtas, incluidas mipymes agropecuarias | Habilita la entrada de capital privado y mixto al campo |
Trabajo directo en la tierra | Requisito obligatorio | Requisito eliminado | Permite invertir en tierra sin cultivarla personalmente |
Usufructo de tierra en Cuba: qué cambia entre el Decreto-Ley 358 de 2018 y la propuesta de 2026, y su impacto para los productores
Cooperativas y empresas privadas: las otras facultades del paquete
El mismo eje agrícola no se queda en la tierra. El documento propone que las cooperativas puedan importar y comercializar combustible como insumo propio, hacer comercio exterior directo (exportar e importar sin intermediarios estatales) y abrir cuentas bancarias en el exterior para manejar financiamiento externo.
En precios, la propuesta reconoce el mercado como referencia y plantea que el valor de lo que se cosecha se acuerde entre productor y comprador, en lugar de fijarlo el Estado.
Son facultades que, sobre el papel, apuntan a resolver justo lo que ha faltado en el campo cubano: acceso a combustible, a divisas y a un precio que compense el esfuerzo de sembrar.
Análisis: los obstáculos que sobreviven a la eliminación de los topes
A nuestro juicio, la reforma resuelve un problema real, pero no el más urgente. El campesino cubano no dejaba la tierra ociosa por miedo a que se le acabara el contrato: la dejaba ociosa porque no tenía con qué sembrarla.
Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que consume, con una factura anual cercana a los 2.000 millones de dólares, según recoge Infobae. La producción de arroz cayó de 304.000 toneladas en 2018 a 111.000 en 2025, una caída del 63%.
La agencia AP documentó este año a agricultores cubanos lidiando con apagones diarios, escasez de combustible y de agua, y fallas de transporte que echan a perder cosechas de frutas y vegetales antes de llegar al mercado.
El embargo estadounidense pesa en esa ecuación, aunque no explica por sí solo décadas de gestión estatal ineficiente ni el desestímulo de precios que empujó a los productores hacia cultivos más rentables que el arroz o el frijol. La propia AP señaló además la desconfianza inversora y una burocracia lenta como frenos adicionales a cualquier reforma en el sector.
Quitar el tope de hectáreas y de años puede atraer inversión, sobre todo mixta y extranjera. Pero sin combustible, financiamiento y un mercado que pague lo que cuesta producir, la tierra sin límite seguirá siendo, para muchos, tierra sin sembrar. Este cambio llega, además, dentro del paquete más amplio de 176 medidas económicas que el régimen aún tiene que traducir en normas publicadas en la Gaceta Oficial.
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