Cuba ha vuelto a tocar las reglas del juego para el capital extranjero. El Decreto 153/2026 reduce los plazos de aprobación para los proyectos de inversión extranjera en la isla y elimina varios trámites intermedios que antes alargaban cada expediente.
La reforma llega en un momento crítico. El régimen necesita divisas frescas mientras la economía se contrae y los apagones se prolongan, y ha convertido la letra pequeña de sus reglamentos en parte de su apuesta para intentar frenar la caída.
El Consejo de Estado publicó el Decreto 153/2026 en la Gaceta Oficial el 9 de julio, aunque el primer ministro Manuel Marrero lo había firmado semanas antes, el 3 de junio. La norma modifica el Decreto 325, el reglamento de la Ley 118 de la Inversión Extranjera vigente desde 2014, y es la tercera modificación desde entonces, después de los ajustes de 2018 y 2019.
Los plazos que cambian
El Decreto 153/2026 mantiene el plazo final de 60 días naturales para que el Consejo de Estado decida sobre una inversión extranjera, pero por primera vez fija tiempos concretos para los pasos previos: siete días hábiles para revisar cada solicitud, siete días naturales para corregirla si hace falta y quince días hábiles para los cambios de capital que no alteran la participación accionaria.
El decreto fija ese cronómetro para cada etapa del proceso, según el texto revisado por Infobae.
La Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera revisa cada solicitud admitida por el Ministerio del Comercio Exterior en siete días hábiles.
Si la Comisión pide ajustes, el inversionista tiene siete días naturales para presentar la propuesta corregida.
La decisión final, aprobación o rechazo, corresponde al Consejo de Estado y debe salir en 60 días naturales.
Los cambios de capital que no alteren la participación accionaria se resuelven en quince días hábiles.
La aprobación o el rechazo del fondo de estimulación se decide en siete días hábiles.
La comparación con la norma anterior explica dónde está el cambio real. La Ley 118 de 2014 solo fijaba la decisión final del Consejo de Estado en 60 días naturales (45 si el visto bueno correspondía a jefes de organismos), pero no ponía plazo propio a las etapas intermedias. El Decreto 153/2026 mantiene esos 60 días para el fallo final y, por primera vez, pone un cronómetro a cada paso previo.
Trámite | Antes (Ley 118, 2014) | Ahora (Decreto 153/2026) | Impacto práctico |
|---|---|---|---|
Decisión final del Consejo de Estado | 60 días naturales (45 si correspondía a jefes de organismos) | 60 días naturales | No cambia el plazo final ya vigente |
Evaluación de la Comisión tras admisión de MINCEX | Sin plazo propio en la ley | 7 días hábiles | Primer cronómetro intermedio del proceso |
Ajustes que debe presentar el inversionista | Sin plazo propio en la ley | 7 días naturales | Más presión de tiempo sobre el inversionista |
Cambios de capital sin variar la participación accionaria | Sin plazo propio en la ley | 15 días hábiles | Trámites menores resueltos más rápido |
Aprobación o rechazo del fondo de estimulación | Sin plazo propio en la ley | 7 días hábiles | Resolución más ágil para este fondo |
Comparación de plazos y su impacto práctico entre la Ley 118 de 2014 y el Decreto 153/2026 para aprobar inversión extranjera en Cuba.
Qué elimina el decreto
Además de acortar plazos, la norma deroga artículos que exigían pasos adicionales de consulta y documentación. En la práctica, saca del camino trámites intermedios que retrasaban cada proyecto antes de llegar al Consejo de Estado, la instancia que aprueba o rechaza cada inversión en última instancia. El decreto lleva la firma del primer ministro Manuel Marrero, jefe de Gobierno.
El telón de fondo: 176 reformas y una Asamblea que examina cuentas el 29 de julio
El Decreto 153/2026 no aparece aislado. Se inserta en el paquete de 176 medidas económicas que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el 18 de junio, organizadas en 23 ejes para intentar liberalizar y descentralizar la economía, tal y como recoge nuestra guía completa de las 176 medidas.
Entre esas reformas, el paquete permite por primera vez que inversionistas extranjeros entren directamente en el sector privado cubano sin necesidad de una empresa estatal como socio, y elimina el tope de 100 empleados que limitaba a las mipymes, según reportó El Tiempo.
Hay un ángulo que toca directamente a la diáspora. El documento presentado ante el Parlamento incluye un Programa de Inversión pensado para atraer también a cubanos residentes fuera de la isla, con la posibilidad de comprar acciones y propiedades de empresas estatales si demuestran el origen lícito de los fondos, además de banca no estatal supervisada por el Banco Central y un mercado cambiario digital, según el texto oficial recogido por Granma.
El siguiente examen llega pronto. La Asamblea Nacional celebrará su séptima sesión ordinaria el 29 de julio, con la implementación de las 176 reformas como uno de los puntos centrales de la agenda, junto a la liquidación del presupuesto de 2025 y un proyecto de ley que reduce los organismos de la administración central del Estado de 27 a 21, según la agenda difundida por Infobae. Puedes seguir el resto del plan económico en nuestra cobertura del Parlamento cubano.
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Análisis: plazos más cortos no resuelven la desconfianza
Nuestra lectura es que acortar el papeleo ayuda, pero no ataca las causas de fondo que alejan al capital extranjero de Cuba. El régimen arrastra una contracción estimada de al menos el 6,5% para 2026, después de una caída acumulada de más del 15% entre 2020 y 2025.
La crisis energética no da tregua. La isla apenas produce el 40% del combustible que necesita, según reportó AP tras el apagón nacional del 6 de julio, que dejó sin electricidad a millones de cubanos, paralizó buena parte del transporte público y obligó a cancelar decenas de miles de cirugías.
Washington ya dejó clara su lectura sobre el paquete de reformas. El Departamento de Estado las calificó de señales de humo superficiales y las tildó de medidas modestas y tardías, según recogió El Tiempo. Días antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, había anunciado nuevas sanciones contra entidades cubanas vinculadas al régimen.
A nuestro juicio, el problema no es solo cuántos días tarda un trámite. Es la falta de garantías legales estables, la escasez de divisas convertibles, una red eléctrica que colapsa cada pocas semanas y unas sanciones que se endurecen justo cuando el Gobierno más necesita capital fresco.
