El régimen ha movido una pieza que hasta ahora mantenía fuera de su alcance formal: la de comprarle directamente al sector privado los insumos que el Estado no logra garantizar. Una nueva resolución firmada por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, autoriza a empresas, unidades de base y establecimientos estatales, incluidos restaurantes, cafeterías y bodegas, a contratar con cuentapropistas y mipymes la compra de materias primas e insumos.
La medida llega en medio de una crisis de suministros que golpea a los propios negocios del Estado, desde comedores hasta puntos de venta, y que ha convertido a las mipymes en la fuente más confiable de mercancía en buena parte de la isla.
Lo que cambia de fondo no es solo a quién le compra el Estado, sino cómo le paga: la norma habilita una vía que hasta ahora estaba vedada para este tipo de operación entre una entidad estatal y un proveedor privado.
Empresas y restaurantes estatales, autorizados a comprarle al sector privado
La resolución, dada a conocer este 21 de julio, permite a empresas, unidades de base y establecimientos estatales, incluidos restaurantes, cafeterías y bodegas, contratar con cuentapropistas, mipymes y cooperativas la compra de insumos, materias primas y otros productos que necesiten para dar servicio, según medios independientes.
La novedad central está en el pago: la norma autoriza abonar estas compras por cuenta bancaria y en efectivo, una opción que hasta ahora no estaba prevista para este tipo de contrato entre una entidad estatal y un proveedor privado.
Los productos excluidos y los requisitos para comprar
La resolución deja fuera de esta vía cinco productos: carne de ganado equino, café (salvo el torrefacto), miel de abejas, tabaco en rama y cacao.
Antes de firmar cualquier contrato, la entidad estatal debe comprobar que el proveedor privado cuenta con licencia vigente y la documentación que exige la ley, y mantener esa información actualizada.
Cada compra debe salir de un fondo aprobado previamente por el director de la entidad, y es un comité de compra interno el que fija los precios máximos, siempre sin superar lo que ya autorizaron los gobiernos locales.
La justificación que ofrece la norma es escueta: "resulta necesario adecuar las relaciones comerciales a las condiciones y objetivos actuales del mercado", según el texto de la resolución.
La apertura entra en el paquete de 176 reformas económicas
La medida no llega sola. Se inscribe en el paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que el primer ministro Manuel Marrero presentó el 18 de junio ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, agrupadas en 23 ejes.
El detalle completo de esas medidas y su calendario de aplicación está en nuestra guía de las 176 reformas económicas de Cuba.
Uno de esos ejes busca dar mayor autonomía a la empresa estatal. El Gobierno propuso desarrollar un mercado de insumos abierto a todos los actores económicos, con posibilidad de acceso al mercado cambiario, según Granma.
El 11 de julio, Granma detalló la Transformación 129: autoriza a empresas estatales, privadas y cooperativas a realizar directamente operaciones de comercio exterior, incluida la compra de insumos y materias primas, con aprobación previa del ministerio correspondiente (Granma).
Cinco días después, el 16 de julio, el Consejo de Estado aprobó el decreto ley Del Sistema Empresarial Estatal Cubano. Regula el funcionamiento de las empresas del régimen bajo el nuevo Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, según Granma.
La magnitud del sector privado que el régimen busca aprovechar se refleja en las cifras que el Ministerio de Economía y Planificación dio a conocer a principios de julio, según EFE.
Tipo de entidad | Cantidad |
|---|---|
Empresas estatales | 2.803 |
Mipymes privadas | 15.200 |
Cooperativas | 4.966 |
Empresas mixtas | 131 |
Empresas de capital extranjero | 72 |
Entidades empresariales registradas en Cuba, según datos del Ministerio de Economía y Planificación citados por EFE (8 de julio de 2026).
Frente a 2.803 empresas estatales, Cuba cuenta ya con 15.200 mipymes privadas. Esa proporción explica, en buena medida, por qué el régimen necesita abrirles la puerta como proveedor.
Una norma que llega tras la flexibilización del efectivo
La medida se conoce cuatro días después de que el Banco Central de Cuba eliminara el tope que obligaba a canalizar por vía electrónica los pagos en efectivo superiores a 5.000 pesos. La Resolución 74 del BCC, firmada por su presidenta, Juana Lilia Delgado Portal, fijó en su lugar un límite operacional de 2.500.000 pesos mensuales por cliente.
Delgado Portal defendió entonces que el Banco Central no busca "eliminar los pagos en efectivo", sino dar "facilidades" mientras se refuerzan los canales digitales. La nueva resolución de Comercio Interior encaja en esa misma lógica: relajar el efectivo hacia el sector privado justo cuando el Estado más lo necesita para abastecer sus propios establecimientos.
El acceso de las mipymes al efectivo ya había sido un asunto sensible en la banca estatal, como contamos cuando el Bandec ajustó sus reglas dentro del paquete de 176 medidas.
La apertura se suma a otras normas publicadas este año que buscan estrechar la relación económica entre el Estado y los actores privados, como el Decreto-Ley 114 de 2025, que abrió la puerta a la asociación entre empresas estatales y actores privados cubanos, incluidas mipymes y cooperativas.
Análisis: el Estado admite que no puede abastecerse solo
Que el régimen autorice a sus propias empresas a comprarle al sector privado, y además les abra la puerta del efectivo, es una admisión implícita de algo que Cuba lleva años intentando disimular: el Estado ya no puede garantizarles insumos a sus propios negocios sin recurrir al capital privado.
Los propios números oficiales lo respaldan. Con más de cinco mipymes privadas por cada empresa estatal, según el Ministerio de Economía y Planificación, el régimen ya no tiene margen para seguir excluyendo al sector no estatal de sus propias cadenas de suministro.
A nuestro juicio, el dato revelador no es la compra en sí, sino la moneda de pago. Facilitar el efectivo para pagarle a un cuentapropista es reconocer que la banca estatal y el mecanismo de cuentas no llegan con la agilidad que un negocio privado necesita para reponer mercancía a diario.
Para los cuentapropistas y mipymes que sostienen buena parte del abasto minorista en la isla, la medida abre un cliente nuevo, el propio Estado, justo cuando la crisis de liquidez y la escasez de divisas complican cualquier importación. Para las familias que desde fuera sostienen un negocio privado en la isla, con remesas o mercancía, también importa: ese negocio familiar podrá ahora venderle directamente a una entidad estatal, algo casi imposible por la vía formal hasta ahora.
Habrá que ver si el fondo de compras que exige la norma, sujeto a la aprobación de cada director estatal, se convierte en la traba burocrática de siempre o en una vía real de negocio para el sector privado.
Quien quiera seguir de cerca cómo evoluciona la relación entre el Estado y el sector privado en Cuba puede suscribirse al boletín de CubaFull, donde resumimos cada semana los cambios normativos que afectan a los negocios y las familias cubanas.
