El régimen cubano sumó una pieza más al expediente de Cayo Falcones. El 20 de octubre de 2026, la cuenta oficial del Gobierno de Cuba publicó en X un hilo con preguntas y respuestas sobre la incursión armada del 25 de febrero de 2026 frente a la costa norte de Villa Clara, el episodio en el que una lancha salida de Florida con diez hombres armados terminó en un tiroteo con la Guardia Frontera.
El documento llegó pocos días después de que la televisión estatal estrenara una segunda entrega de un programa con las declaraciones de los sobrevivientes, presentadas como confesiones de una operación armada contra el Gobierno. Lo que el régimen presenta como las confesiones de Cayo Falcones repite, ahora en formato de cuestionario, la cronología oficial: quién habría disparado primero, qué buscaba el grupo y quién lo organizó desde Miami.
Lo que ese hilo no contesta es la pregunta que planteó la agencia que recibió esas mismas grabaciones por separado de las autoridades cubanas: bajo qué condiciones se obtuvieron las declaraciones y si los videos muestran los interrogatorios completos o solo los fragmentos que convenía mostrar.
¿Qué dice la nueva versión oficial del régimen?
La versión oficial atribuye el primer disparo, el plan y la organización del grupo a personas concretas, a partir de las declaraciones grabadas de los detenidos bajo custodia. El régimen la resumió el 20 de octubre en el hilo de preguntas y respuestas, un día después de que el programa "Razones de Cuba" emitiera el 19 de octubre una segunda entrega con los testimonios de los sobrevivientes del tiroteo: Conrado Galindo Sariol, Christian Ernesto Acosta, Amijail Sánchez y Leordan Enrique Cruz, entre otros señalados como tripulantes de la lancha.
Según esa reconstrucción oficial, diez hombres salieron de los Cayos de Florida la noche del 24 de febrero repartidos en dos embarcaciones. Una se averió varias horas después y sus ocupantes pasaron a la otra lancha, que encalló brevemente antes de ser interceptada a poco más de una milla náutica al norte de los cayos de Villa Clara.
¿Quién habría disparado primero?
La versión oficial atribuye los primeros disparos a Amijail Sánchez González. El comandante de la patrullera cubana resultó herido en el intercambio de fuego, y cinco de los diez ocupantes de la lancha murieron, el último de ellos, Roberto Álvarez Ávila, semanas después a consecuencia de sus heridas.
¿Cuál era el objetivo atribuido al grupo?
El régimen sostiene que el plan era tomar instalaciones policiales y de Guardafronteras en Matanzas, repartir armas entre la población, provocar un levantamiento y, con eso, propiciar una intervención militar de Estados Unidos. En uno de los fragmentos difundidos, Leordan Cruz afirma que el objetivo era asegurar una zona y alentar el derrocamiento del Gobierno.
¿Quién organizó la operación desde Miami?
Las autoridades cubanas señalan a Maritza Lugo Fernández, activista cubana radicada en Florida y dirigente del Movimiento Revolucionario Partido Democrático 30 de Noviembre y Frank País, como organizadora y financista del grupo, y afirman que parte del entrenamiento ocurrió en una propiedad suya cerca de Fort Myers. Ella rechaza la acusación: "hace más de 40 años que ese régimen me acusa de ser terrorista, de todo lo que se les ocurre", dijo, y aseguró vivir con la conciencia tranquila.
¿Qué armas y equipos exhibió Cuba como prueba?
Las autoridades mostraron un inventario que atribuyen a la tripulación de la lancha: cerca de 13.000 cartuchos, 11 rifles, 15 pistolas, cócteles Molotov, una radio VHF y equipo de comunicación satelital Starlink. El origen exacto de cada pieza y su cadena de custodia no se han hecho públicos.
¿Qué muestran realmente los videos difundidos?
Lo que el régimen presenta como confesiones es, en realidad, un programa editado: alterna fragmentos de los detenidos con narración oficial, declaraciones de funcionarios e imágenes del armamento exhibido, no los interrogatorios completos.
La agencia Associated Press, que accedió a esas mismas grabaciones por separado de las autoridades cubanas, advirtió que no pudo verificar de forma independiente el contenido de los videos ni las condiciones en que se obtuvieron esas declaraciones.
Fragmentos editados, no interrogatorios completos
El periodista Mario J. Penton, que difundió las grabaciones recibidas de las autoridades cubanas, subrayó que los videos recogen fragmentos escogidos a conveniencia y no las declaraciones completas.
Días después del tiroteo, Reuters documentó que los heridos permanecían hospitalizados bajo custodia en un hospital provincial y que el personal de seguridad impidió a los periodistas acercarse a ellos. Ese es el único intento de acceso periodístico independiente documentado antes de que el régimen difundiera las declaraciones grabadas.
El cuestionario oficial tampoco despeja los puntos que ni el hilo ni la televisión estatal resuelven:
si las grabaciones recogen respuestas completas o solo los fragmentos elegidos;
qué preguntas precedieron a cada declaración y si los detenidos contaron con asistencia letrada;
la cadena de custodia del arsenal que el régimen exhibió como prueba;
y el alcance real del entrenamiento y la financiación que atribuye a Maritza Lugo desde Florida.
La investigación que Estados Unidos no ha cerrado
El coronel Francisco Estrada Portales, de la Seguridad del Estado cubana, reconoció el 19 de octubre que la Fiscalía todavía no ha solicitado una pena concreta para los detenidos, que enfrentan cargos de terrorismo con artefactos explosivos que pueden llevar la pena de muerte según el código penal cubano. Cuba no ejecuta a nadie desde hace décadas, aunque la ley lo sigue contemplando.
Estrada dijo además que Cuba entregó sus hallazgos a Estados Unidos y que, hasta esa fecha, no había recibido respuesta. Washington, por su parte, envió un equipo del FBI a investigar el caso por su cuenta, cuya llegada a la isla anunció la embajada estadounidense el 1 de abril de 2026; hasta el 21 de octubre no hay resultados públicos de esa pesquisa.
En febrero, el secretario de Estado Marco Rubio ya había descartado que se tratara de una operación del Gobierno de Estados Unidos y dijo que Washington verificaría los hechos por su cuenta.
cubafull sigue el expediente judicial de Cayo Falcones. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir cada actualización en cuanto se confirme.
Análisis: un cuestionario que responde lo que el régimen quiere confirmar
Cuba no estrena el libreto. Desde los juicios revolucionarios de los años sesenta, el régimen ha usado la televisión como sala de audiencias paralela, donde la sentencia moral se dicta antes que la judicial.
Lo nuevo aquí es el formato: un cuestionario que el propio Gobierno redacta y el propio Gobierno responde, sin que nadie ajeno a la investigación haya podido repreguntar. A nuestro juicio, ese diseño dice tanto del caso como cualquier declaración grabada: quien controla las preguntas controla también hasta dónde llega la respuesta.
Mientras no haya una conclusión pública de la investigación que Washington dice llevar por su cuenta, cada nueva confesión difundida pesa menos como prueba judicial y más como mensaje político dirigido a los cubanos de fuera y a la propia población de la isla.
