Mientras el mercado privado de combustible entre Estados Unidos y Cuba crece a un ritmo que no tiene precedente en más de dos décadas, el régimen cubano admite que no tiene garantizado el petróleo que necesita para sostener la red eléctrica nacional. La contradicción se ha vuelto difícil de ocultar en pleno verano de 2026.
Por un lado, empresas privadas cubanas compran diésel, gasolina y otros derivados directamente en puertos estadounidenses, bajo una licencia que evita la banca estatal de la isla. Por otro, el gobierno de Miguel Díaz-Canel recurre a organismos internacionales para pedir cargamentos de emergencia, mientras varias provincias pasan más de 20 horas diarias sin electricidad.
En los primeros seis meses de 2026, ese comercio privado de combustible con Estados Unidos ya se cuenta en decenas de millones de dólares, una cifra que multiplica por decenas la de cualquier año anterior en ese renglón. Los propios registros de exportación de Estados Unidos confirman, además, que el flujo mensual hacia la isla se disparó entre febrero y mayo.
El salto en las compras privadas de combustible estadounidense
Entre enero y junio de 2026, las exportaciones estadounidenses de combustibles fósiles a Cuba sumaron 95,7 millones de dólares, según un análisis de medios independientes sobre los registros de comercio disponibles. La cifra equivale a 75 veces todo lo exportado en ese renglón entre 2002 y 2025 combinados.
El crecimiento se aceleró mes a mes: de 12 millones de dólares en abril a 24 millones en mayo y a 47 millones solo en junio, casi la mitad del total del semestre. El comercio general de Estados Unidos con Cuba en ese semestre llegó a 525,1 millones de dólares, de los cuales 117,6 millones correspondieron solo a junio, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
El diésel concentra la mayor parte de esas compras (41,3 millones de dólares, un 43% del total), seguido de otros aceites derivados del petróleo (25,4 millones) y la gasolina (19,9 millones), que pasó de representar un 15% de las compras a inicios de año a superar el 20% en junio. El semestre sumó 1.883 registros individuales de exportación de combustible a Cuba, frente a apenas 30 en todo 2024 y trece en 2025.
Los datos oficiales de Estados Unidos confirman esa aceleración desde otro ángulo. La Administración de Información Energética (EIA) registró 476.000 barriles exportados a Cuba en mayo de 2026, frente a apenas 1.000 barriles en enero, 19.000 en febrero, 190.000 en marzo y 210.000 en abril. La mayor parte de ese volumen de mayo se concentró en gasolina terminada (154.000 barriles), componentes para mezclar gasolina (108.000 barriles) y fuel oil destilado (187.000 barriles), según el dato mensual de la EIA publicado el 31 de julio de 2026.
La licencia que separa el negocio privado del Estado
Ese comercio no ocurre al margen de la ley estadounidense. Desde el 24 de febrero de 2026, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos (BIS) permite exportar gas y otros derivados del petróleo a empresas privadas cubanas o a particulares bajo la licencia "Support for the Cuban People" (SCP), pensada para llegar al sector no estatal sin pasar por el aparato del régimen.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó el 25 de febrero de 2026 que esas ventas no estaban dirigidas al gobierno cubano ni a GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, sino al sector privado, al que calificó de "muy pequeño". Rubio advirtió que Washington cancelaría las licencias si detectaba que el combustible terminaba desviado hacia el régimen o la empresa militar, según la transcripción oficial del Departamento de Estado.
La propia BIS endureció después esa vía. Desde el 4 de marzo de 2026, suspendió el uso de la licencia SCP en cualquier operación de combustible que implique depositar fondos en un banco cubano, al considerar que ese paso beneficiaría al Estado o a sus fuerzas armadas. La suspensión no aplica si el pago evita la banca estatal cubana, por ejemplo a través de bancos de terceros países, según la guía actualizada de la agencia.
Quién compra, paga y distribuye el combustible
Quien importa ese combustible no es el Estado cubano, sino el sector privado, sobre todo mipymes que operan bajo esa licencia, como documentó CubaFull al conocerse que esas empresas importaron casi 24 millones de dólares solo en mayo. Reuters, por su parte, documentó el 25 de marzo de 2026 que proveedores estadounidenses habían enviado unos 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano desde comienzos de año, sobre todo desde principios de febrero, el equivalente a unos 4,8 millones de litros.
Entre los compradores identificados por la agencia había panaderos privados, mayoristas que abastecen pequeños mercados urbanos y tiendas online como Supermarket23, aunque Reuters no publicó una lista completa de importadoras. El combustible llega sobre todo en isotanques de unos 21.600 litros: para esa fecha ya se habían descargado alrededor de 200, en su mayoría diésel. Bajo ese esquema, la reventa comercial del combustible importado no está permitida: debe usarlo la propia empresa que lo trajo.
El pago corre por cuenta de capital privado, muchas veces sostenido con remesas familiares, y no del presupuesto estatal ni de las reservas en divisas del régimen. Puertas adentro, sin embargo, el control no desaparece: el propio Díaz-Canel confirmó el 18 de junio de 2026 que el gobierno autorizó la comercialización de combustibles por formas de gestión no estatal, pero "bajo regulación y control del Estado" y con márgenes de utilidad que definió como "razonables y transparentes", según su discurso publicado por Granma.
La distribución, a su vez, ocurre en gran medida fuera del sistema de racionamiento estatal: CubaFull documentó cómo negocios privados revenden diésel desde instalaciones de Cupet en La Habana a precios muy superiores a los oficiales, en un mercado al que solo accede quien recibe divisas del exterior.
Quien quiera seguir esta historia con cada nueva cifra de comercio y cada apagón puede suscribirse al boletín de CubaFull.
Apagones de más de 20 horas y una petición de auxilio a la ONU
Mientras ese comercio privado crece, el régimen enfrenta cortes eléctricos que superan las 20 horas diarias en varias provincias. El 3 de agosto de 2026, Cuba sufrió su sexto apagón nacional del año, con dos colapsos del sistema eléctrico en menos de 24 horas durante el fin de semana del 2 y 3 de agosto, según reportó Associated Press.
En ese contexto, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, confirmó el 4 de agosto de 2026 que la organización mantiene conversaciones con "varios países interesados en ayudar a Cuba" para que, "por razones humanitarias, Cuba tenga el combustible que necesitaría". Haq admitió además que en meses anteriores hubo "algunos progresos en obtener cantidades limitadas de combustible", sin precisar montos ni países.
La urgencia no es nueva. La propia ONU había advertido el 4 de junio de 2026 que su Plan de Acción para Cuba, pensado para asistir hasta 2 millones de personas, solo contaba con el 21% de la financiación necesaria, y que decenas de contenedores con alimentos y suministros médicos permanecían varados en los puertos por falta de combustible para trasladarlos, según el portavoz del Secretario General.
Análisis: la brecha que el discurso oficial no explica
Nuestra lectura es que el aumento del comercio privado de combustible desmiente, al menos en parte, el relato oficial de un bloqueo total. Miguel Díaz-Canel ha repetido desde junio que Cuba recibió un solo buque petrolero en siete meses, una cifra que no explica por sí sola un déficit eléctrico sostenido con causas internas ya documentadas: unidades termoeléctricas fuera de servicio, mantenimientos aplazados y una red de transmisión que colapsa por fallas puntuales, no solo por falta de petróleo.
Lo que muestran los datos comerciales y la propia licencia estadounidense es una isla con dos circuitos de combustible que operan en paralelo, y ninguno de los dos es enteramente ajeno al Estado. Uno privado, pagado en dólares y remesas, que crece sin pausa pero que Washington vigila para que no llegue a GAESA ni al gobierno. Otro estatal, que depende de gestiones diplomáticas y donaciones de emergencia para sostener el servicio eléctrico del resto de la población, la que no tiene acceso a divisas, y que el propio régimen insiste en seguir regulando incluso cuando el combustible lo trae un privado.
