El régimen no se conforma con las inspecciones en la calle. Desde hace semanas, los negocios privados del municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, arrastran multas y decomisos por precios que las autoridades consideran especulativos.
Esta semana, ese pulso suma una herramienta nueva y directa: cualquier vecino puede reportar por teléfono, en tiempo real, a la cafetería, la paladar o el establecimiento estatal que crea que incumple las reglas de precios y pagos electrónicos.
El Consejo de la Administración Municipal de Plaza de la Revolución activó este 10 de agosto un canal de WhatsApp para recibir esas denuncias. El número es el 50945696.
Qué irregularidades pueden reportarse
El canal admite reportes sobre precios abusivos o especulativos en productos de primera necesidad, la irregularidad más señalada por las autoridades del municipio en las últimas semanas.
También cubre las llamadas "pasarelas de pago": negocios que se niegan a aceptar transferencias, cobran un recargo por usarlas, imponen horarios para pagar de forma electrónica, limitan el monto que se puede transferir o piden que el pago se haga a un código QR o cuenta personal en lugar de la cuenta fiscal del negocio.
El marco legal detrás de las inspecciones
El anuncio del municipio no detalla más categorías de denuncia, pero las multas que ya aplica Plaza de la Revolución se amparan en el Decreto-Ley 91/2024, la norma nacional que tipifica las contravenciones de trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas.
Esa norma castiga, entre otras conductas, operar fuera del objeto social aprobado, no acreditar la procedencia lícita de las mercancías, funcionar sin licencia, incumplir normas higiénico-sanitarias, emplear trabajadores sin contrato y no usar canales electrónicos de pago.
Clasifica las infracciones en menos graves, graves y muy graves, con sanciones que van de la multa a la suspensión o cancelación de la licencia, la clausura total o parcial del negocio y el comiso de mercancía.
Quién administra el canal y quién sanciona después
La gestión del WhatsApp queda en manos del Consejo de la Administración Municipal de Plaza de la Revolución, el mismo organismo que ha impuesto las multas de las últimas semanas.
El anuncio no identifica a una persona ni a un departamento concreto como responsable operativo del canal. La aplicación de las sanciones, según el Decreto-Ley 91/2024, corresponde a inspectores provinciales y municipales del Poder Popular, a la Policía Nacional Revolucionaria y a inspectores de otros organismos estatales.
El canal no es anónimo. Según el propio anuncio del municipio, difundido por la Agencia Cubana de Noticias, a quien denuncia se le pide el nombre y la dirección del negocio señalado, la fecha y la hora del hecho, una explicación de lo ocurrido y los datos del propio denunciante.
Qué garantías existen frente a denuncias falsas o anónimas
Ni el Consejo ni la Agencia Cubana de Noticias han precisado qué ocurre si una denuncia resulta falsa, ni han hecho pública ninguna garantía frente a reportes motivados por rencillas personales o competencia entre negocios.
El anuncio tampoco dice si el WhatsApp se rige por un protocolo propio del municipio. Lo que sí existe en Cuba es un marco general para las quejas ciudadanas: la Ley 167/2023 del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones, publicada en la Gaceta Oficial el 13 de diciembre de 2024 y en vigor desde el 13 de marzo de 2025.
Esa ley obliga a responder toda queja en un plazo de 30 días naturales, prorrogable otros 30 en casos complejos, y prohíbe que la persona o el negocio investigado tramite su propio caso. Si no se puede identificar a quien denuncia, la queja se trata como anónima, pero la autoridad puede investigarla igual si los elementos aportados lo justifican.
La ley no fue diseñada para este WhatsApp en particular y el municipio no ha dicho si la aplica a este canal, así que sus garantías no cubren de forma automática cada denuncia que llegue al 50945696.
Qué recursos tienen los negocios sancionados
El Decreto-Ley 91/2024 sí da a los negocios sancionados una vía de defensa formal. El sancionado puede presentar un recurso de reforma ante la misma autoridad que dictó la multa, en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación, y esa autoridad debe resolver en 30 días naturales.
Si el recurso no prospera o no se responde a tiempo, cabe un recurso de alzada ante el superior jerárquico, también en 10 días hábiles, con un plazo de resolución de 45 días naturales.
Semanas de multas antes del WhatsApp
El canal llega después de una ofensiva sostenida. El 7 de agosto, el municipio reportó 61 multas a 50 establecimientos no estatales, con montos de entre 10.000 y 72.000 pesos aplicados bajo distintos decretos, entre ellos el Decreto 30/2021 sobre precios abusivos y el Decreto-Ley 91/2024.
Un balance anterior, del 6 de agosto, ya había dejado 20 acciones de control, 17 multas, tres ventas forzosas de productos y la paralización temporal de una actividad. Las autoridades hablan de "tolerancia cero" y anuncian que las próximas sanciones incluirán el cierre temporal de establecimientos hasta por tres meses.
Este tipo de medidas se enmarca en el pulso más amplio del régimen con el sector privado cubano, que semanas atrás recibió también un decreto que amplía oportunidades a las mipymes mientras mantiene bajo control estatal los sectores que considera estratégicos.
Análisis: vigilancia con nombre y apellido, sin reglas propias
A nuestro juicio, lo que el municipio presenta como participación popular es, sobre todo, una vía barata de vigilancia sobre el sector privado. Pedir nombre, dirección y datos de contacto convierte la denuncia en un instrumento con nombre y apellido, no en un desahogo anónimo.
Eso reduce el riesgo de reportes frívolos, pero no cierra la duda de fondo: el municipio no ha dicho si aplicará al WhatsApp las garantías generales que ya existen en la Ley 167/2023, ni ha publicado ningún criterio propio contra denuncias motivadas por rencillas o competencia entre negocios.
En un país donde el régimen ya usa el control de precios como arma política contra los negocios privados, ese vacío pesa más que el detalle técnico del número de teléfono.
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Lo que aún no se sabe
No se ha precisado hasta cuándo estará activo el canal, ni si el municipio piensa extender el modelo a otras zonas de La Habana más allá de Plaza de la Revolución.
Tampoco es público si el WhatsApp opera bajo la Ley 167/2023 de quejas y peticiones o bajo un protocolo distinto, ni cuántas denuncias ha recibido desde su activación.
