Para saber si un negocio privado en Cuba es legal, lo primero que se mira es el rótulo: S.R.L. Esas tres letras identifican a una mipyme, la figura que desde 2021 convirtió en empresas a miles de cuentapropistas y pequeños inversores de la isla.
Detrás del rótulo hay un entramado de decretos, impuestos y permisos que decide quién puede abrir ese negocio, con quién puede asociarse y cuánto control retiene el régimen sobre cada paso, desde el banco hasta la aduana. Esa parte casi nunca se cuenta de un tirón.
Aquí reunimos, en una sola página, cómo funcionan hoy las mipymes en Cuba: quién puede ser socio, qué le permite y qué le prohíbe el Estado, cómo se financia y se asocia con empresas estatales un negocio privado, y por qué ninguna reforma legal ha resuelto todavía su mayor amenaza, la falta de combustible y electricidad.
Lo esencial sobre las mipymes en Cuba
Una mipyme es una empresa privada cubana con forma de sociedad de responsabilidad limitada. Puede fundarla y ser socio cualquier cubano mayor de 18 años, viva en la isla o en el exterior, y un extranjero con residencia permanente. El Estado la autoriza, la fiscaliza y controla sus importaciones, sus divisas y sus asociaciones, aunque desde 2026 le reconoce más autonomía que nunca.
Una mipyme cubana es una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), privada, estatal, mixta o de organizaciones políticas y sociales, regulada hoy por el Decreto-Ley 88 de 2024, modificado por el Decreto-Ley 133 de 2026.
Puede fundarla y ser socio un cubano mayor de 18 años, resida en Cuba o en el exterior, y un extranjero con residencia permanente en la isla.
El tamaño se mide por personas ocupadas: microempresa (1-10), pequeña empresa (11-35), mediana empresa (36-100) y, desde septiembre de 2026, empresa privada de más de 100 trabajadores.
El Estado conserva el control por varias vías a la vez: quién aprueba la empresa, qué actividades le permite, cuánto le cobra en impuestos y quién autoriza sus importaciones, sus cuentas en divisas y sus asociaciones con entidades estatales.
Desde 2026, las mipymes pueden importar y exportar de forma directa (con autorización del Ministerio de Comercio Exterior) y asociarse con empresas estatales bajo el Decreto-Ley 114 de 2025.
Esta página reúne el marco vigente completo: socios, constitución, impuestos, financiación, comercio exterior, asociación con el Estado y los riesgos para quien invierte desde fuera de Cuba.
Qué es una mipyme en Cuba y qué la distingue de otras figuras

Una mipyme es, en el ordenamiento cubano, una sociedad de responsabilidad limitada con personalidad jurídica y patrimonio propios, separados de los de sus socios. Puede ser privada, estatal, mixta o propiedad de organizaciones políticas, de masas y sociales: la ley no reserva la figura al sector privado, aunque en el uso corriente "mipyme" suele referirse a la privada.
La empresa responde con su propio patrimonio de las obligaciones fiscales, laborales, contractuales, sanitarias y ambientales que contraiga. Eso no borra la responsabilidad personal de administradores o socios cuando hay fraude o incumplimientos que les sean atribuibles directamente.
Mipyme no es lo mismo que cuentapropista
Un trabajador por cuenta propia actúa como persona natural, sin la sociedad, los estatutos ni el patrimonio separado de una empresa. Una mipyme, en cambio, es una persona jurídica: tiene capital social, órganos de gobierno, contabilidad propia y debe inscribirse en el Registro Mercantil.
Tampoco equivale a una cooperativa ni a una inversión extranjera
Una cooperativa no agropecuaria se sostiene en el trabajo de sus socios y en los principios cooperativos, no en participaciones sociales como una S.R.L. Y ser socio de una mipyme no es lo mismo que ser inversionista extranjero: la Ley 118 de Inversión Extranjera regula figuras distintas (empresa mixta, empresa de capital totalmente extranjero, contrato de asociación económica internacional) que dependen de la nacionalidad, el domicilio y la procedencia del capital del inversionista.
Figura | Personalidad | Quién participa | Responsabilidad | Marco legal |
|---|---|---|---|---|
Mipyme privada (S.R.L.) | Persona jurídica | Uno o varios socios cubanos o extranjeros residentes | Limitada al patrimonio, salvo fraude | Decreto-Ley 88, modificado por el 133 |
Trabajador por cuenta propia | Persona natural | Titular individual | Personal | Decreto-Ley 90 |
Cooperativa no agropecuaria | Persona jurídica cooperativa | Socios trabajadores | Según el régimen cooperativo | Decreto-Ley 89 |
Inversión extranjera | Según la modalidad | Inversionistas autorizados | Según la estructura | Ley 118 |
Cómo se distingue una mipyme privada de las otras figuras del sector no estatal y de la inversión extranjera.
De la apertura de 2021 a la reforma de 2026: así cambió la ley
El Decreto-Ley 46 de 2021 abrió la figura
La mipyme nació el 19 de agosto de 2021, cuando la crisis económica abierta tras la pandemia llevó al régimen a autorizar, mediante el Decreto-Ley 46 "De las micro, pequeñas y medianas empresas", empresas privadas de alcance nacional por primera vez en décadas. El decreto no exigía capital mínimo y dejaba la aprobación de cada empresa en manos del Ministerio de Economía y Planificación.
El Decreto-Ley 88 de 2024 trasladó la aprobación a los municipios
En agosto de 2024 el régimen derogó ese primer decreto y lo sustituyó por el Decreto-Ley 88, que sigue siendo la norma base vigente. El cambio no amplió derechos de los socios: trasladó la aprobación de nuevas mipymes del ministerio a los consejos de administración municipales y mantuvo el resto del esquema, sin capital mínimo y con la misma figura societaria.
El Decreto-Ley 133 de 2026: la reforma que rige hoy
La reforma que rige hoy es el Decreto-Ley 133 de 2026, publicado el 2 de septiembre y en vigor desde el 9 de septiembre de ese año. Modifica los decretos-leyes 88, 89 y 90 (mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajo por cuenta propia) para reducir restricciones y ampliar las formas empresariales no estatales.
Entre sus cambios: permite que una misma persona sea socia de más de una mipyme (antes prohibido), admite como socios a los cubanos residentes en el exterior, añade la categoría de empresa privada de más de 100 trabajadores y habilita el comercio exterior directo. Cada uno de esos puntos se explica más abajo con el detalle completo.
Clasificación por tamaño: de la microempresa a la empresa privada
El tamaño se mide por el número de personas ocupadas, socios incluidos:
Microempresa: de 1 a 10 personas.
Pequeña empresa: de 11 a 35.
Mediana empresa: de 36 a 100.
Empresa privada: más de 100.
Esa última categoría es la gran novedad de 2026. Antes del Decreto-Ley 133, una mipyme que superaba el centenar de empleados quedaba fuera del marco legal específico para actores no estatales. Ahora puede seguir creciendo dentro de él, sin techo superior fijado en la norma.
Quién puede ser socio de una mipyme cubana
Cubanos residentes en Cuba y en el exterior
Puede ser socio cualquier persona natural cubana mayor de 18 años, resida en la isla o en el exterior. Hasta el 9 de septiembre de 2026, la ley exigía residencia efectiva en Cuba a los cubanos para poder figurar como socios. El Decreto-Ley 133 eliminó esa exigencia y reconoce a los emigrados capacidad directa para asociarse, sin necesidad de recurrir a un familiar que figure en su nombre.
Extranjeros con residencia permanente
También puede ser socio un extranjero con residencia permanente en Cuba. La norma no extiende esa misma vía a extranjeros no residentes: su participación en un negocio cubano se analiza bajo el régimen de inversión extranjera, no bajo el de las mipymes. Eso no cierra la puerta al capital de fuera: desde septiembre de 2026, el Decreto-Ley 133 incluye entre las facultades de las mipymes y las empresas privadas la de asociarse con capital extranjero conforme a la legislación vigente, lo que exige su propia autorización.
Qué no se permite
No pueden ser socios los cuadros y funcionarios del Estado y del Gobierno, ni quienes ocupan un cargo electivo de carácter profesional en un órgano estatal. El propio Decreto-Ley 133 añade otros impedimentos: tener deudas con un banco o con el presupuesto del Estado y haber sido sancionado por delitos incompatibles con la actividad, mientras se cumple la sanción.
Ya se puede ser socio de más de una empresa
Antes de 2026, una persona solo podía figurar como socia en una mipyme a la vez. El Decreto-Ley 133 eliminó esa incompatibilidad general, aunque mantiene las incompatibilidades específicas que sigan vigentes para ciertas actividades.
Aportar dinero no convierte en socio
Una transferencia de un familiar en el exterior no concede, por sí sola, derechos societarios. La entrada de un nuevo socio debe aprobarla la Junta General, formalizarse en escritura y quedar inscrita en el Registro Mercantil. Quien envía capital desde fuera y quiere documentarlo como una inversión real, no como un préstamo familiar informal, puede revisar antes nuestra guía sobre cómo invertir en Cuba desde el exterior.
Cómo crear una mipyme en Cuba: capital, banco y registros

El trámite se gestiona hoy en línea, a través de la Plataforma de Actores Económicos, según el procedimiento que fijó en septiembre de 2026 la Resolución 2/2026 del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales (INAENE). La solicitud la revisa la Dirección de Desarrollo Municipal, subordinada al consejo de la administración municipal, que dispone de hasta 20 días hábiles para aprobarla o rechazarla y emite el certificado de creación.
Capital social sin mínimo legal
La ley no exige un capital social mínimo. El negocio puede partir de una actividad preexistente o ser de nueva creación, y debe definir denominación, domicilio, objeto social, socios, aportes y estatutos antes de constituirse.
Aportes en dinero y en bienes
El capital puede integrarse con aportes en dinero y con aportes no dinerarios: equipos, inmuebles, vehículos o derechos valorables económicamente, pero no con el trabajo ni los servicios de los socios. El capital se expresa en pesos cubanos, aunque los aportes en dinero pueden hacerse en pesos o en divisas. Los aportes no dinerarios deben valorarse y reflejarse en la escritura y los estatutos, porque de ellos depende la participación de cada socio en la empresa y en el reparto de utilidades.
El depósito bancario inicial
Los aportes en dinero deben depositarse íntegramente en un banco cubano antes de constituir la empresa, según la Resolución 98/2026 del Banco Central de Cuba. El banco autorizado dispone de hasta cinco días hábiles para abrir esa cuenta de depósito, que no genera intereses y solo sirve para recibir el capital, y los futuros socios tienen otros cinco días hábiles para ingresarlo; una vez inscrita la sociedad, la cuenta corriente se abre en un plazo de hasta siete días hábiles desde la firma del contrato.
Escritura, estatutos y registros
La empresa adquiere identidad mercantil plena mediante escritura notarial e inscripción en el Registro Mercantil, donde nace su personalidad jurídica y quedan constancia sus socios, su capital y sus estatutos. A partir de ahí, debe mantener actualizada ante ese registro cualquier modificación de capital, socios, domicilio, objeto o administración.
A ese paso se suma, desde 2026, un trámite distinto: la inscripción en el Registro Central Comercial. El Decreto 168 de 2026, en vigor desde el 4 de septiembre, obliga a mipymes, cooperativas y cuentapropistas a inscribirse en ese registro y a obtener una licencia comercial antes de ejercer el comercio de forma legal. Quien opera a la vez en pesos y en divisas necesita, además, dos licencias separadas.
No hay un plazo único para "abrir una mipyme": depende de la certificación previa, el banco, la notaría, los dos registros y, cuando la actividad lo requiera, de licencias sanitarias, urbanísticas, ambientales o de seguridad adicionales.
Qué puede hacer una mipyme y qué le prohíbe el Estado
La autonomía empresarial que reconoce la ley opera siempre "en el marco de la legislación vigente": no equivale a inmunidad frente a precios regulados, inspecciones o decisiones de política económica.
El Decreto 160 de 2026 sustituyó la lista única de prohibiciones
Desde 2024 regía una lista única de 125 actividades prohibidas para todo el sector no estatal, fijada por el Decreto 107 de ese año. Esa lista quedó sustituida por el Decreto 160 de 2026, vigente desde el 4 de agosto de ese año, que elimina 46 actividades de la lista anterior, modifica otras 35 y, sobre todo, cambia el enfoque: ya no hay una sola lista para todo el sector, sino cuatro categorías: actividades de prohibición absoluta, actividades reservadas al Estado, actividades vedadas solo a los trabajadores por cuenta propia y actividades autorizables o condicionadas a una licencia previa. Algunas actividades, como el comercio mayorista de productos autorizados, quedan abiertas a mipymes y cooperativas, pero no a un cuentapropista individual.
Lo que sigue reservado al Estado
La diferenciación amplía el espacio del sector no estatal, pero no liberaliza la economía: el periodismo, las agencias de noticias, la prensa escrita, la radio, la televisión, la educación formal y la atención médica y odontológica siguen fuera del ámbito privado. La salud y la educación sí se flexibilizaron en modalidades concretas: los servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidado y de rehabilitación pasaron a ser actividades autorizables con licencia del Ministerio de Salud Pública, y ciertas fórmulas de cuidado infantil y enseñanza complementaria quedaron sujetas a las reglas del Ministerio de Educación.
Cómo se gobierna una S.R.L.: socios, administradores y utilidades
La Junta General de Socios
Cuando hay varios socios, la Junta General de Socios es el órgano máximo de la empresa: aprueba cuentas, nombra administradores y decide la entrada o salida de socios. Si solo hay un socio, este asume directamente esas funciones como sociedad unipersonal de responsabilidad limitada.
Administración separada de la propiedad
Los estatutos deben fijar cómo se vota, cómo se administra, quién representa a la empresa, cómo se transmiten las participaciones y cómo se reparten las utilidades. El administrador no tiene que ser, necesariamente, uno de los socios, pero queda sujeto a deberes legales y contables frente a la empresa.
Entrada, salida y fallecimiento de socios
Los estatutos fijan cómo se transmiten las participaciones y en qué condiciones entra o sale un socio. La cesión de participaciones, la separación de un socio o la sucesión por fallecimiento deben formalizarse y quedar inscritas en el Registro Mercantil para surtir efecto frente a terceros. A falta de previsión estatutaria clara, estos tránsitos son una de las fuentes más frecuentes de conflicto entre socios, sobre todo cuando uno de ellos aportó el capital desde el exterior.
Qué pasa si hay un conflicto entre socios
Los acuerdos societarios pueden impugnarse ante los tribunales cuando contradigan la ley o los estatutos. Esa vía existe sobre el papel, pero cuando el conflicto involucra a una empresa estatal, el socio privado litiga frente al mismo Estado que aprobó la asociación. El economista Ricardo Torres advirtió, en declaraciones a El País, que incluso la apertura a las sociedades con empresas estatales sigue dentro de un «marco de centralización y de burocracia».
Trabajadores, salarios y seguridad social
Una mipyme puede contratar trabajadores y fijar su propia organización salarial, respetando el salario mínimo y los derechos laborales establecidos. Debe formalizar cada relación laboral, pagar vacaciones y prestaciones, y certificar salarios y tiempo de servicio ante el Estado.
Los trabajadores contratados se integran en el régimen general de seguridad social: la empresa retiene, aporta y paga las prestaciones correspondientes conforme a la norma vigente. El número de trabajadores, socios ocupados incluidos, es además lo que determina en qué categoría de tamaño cae la empresa.
Cuánto paga de impuestos una mipyme en Cuba
No existe una sola cifra de "impuestos totales" que se pueda aplicar a cualquier mipyme: cada tributo grava una base distinta, y sumarlos como si compartieran una misma base da un dato engañoso.
Obligación tributaria | Tipo general | Base sobre la que se calcula |
|---|---|---|
Impuesto sobre Utilidades | 35% | Resultado fiscal del ejercicio |
Impuesto sobre Ventas o Servicios | 10% | Ingresos por venta minorista o servicios a la población |
Utilización de la Fuerza de Trabajo | 5% | Nómina |
Contribución a la Seguridad Social | 14% | Remuneraciones |
Contribución territorial para el desarrollo local | 1% | Ingresos brutos por ventas y servicios |
Tipos generales vigentes para las mipymes en noviembre de 2026. Cada tributo grava una base distinta, por lo que no deben sumarse como una carga única.
Impuesto sobre Utilidades: 35%
Sobre el resultado fiscal del ejercicio, la mipyme paga un 35% de Impuesto sobre Utilidades, con pagos a cuenta trimestrales y liquidación anual mediante declaración jurada, según la Resolución 306 de 2023 del Ministerio de Finanzas y Precios, resumida en este material del Ministerio de Economía y Planificación; la Ley 181 del Presupuesto mantiene ese tipo general para 2026. Desde 2024 ya no existe la exención del primer año que antes tenían las mipymes recién creadas.
Impuesto sobre Ventas o Servicios: 10%
Sobre sus ingresos brutos por comercialización minorista de bienes o prestación de servicios a la población, la mipyme paga un 10%, tipo que la Ley 181 del Presupuesto del Estado para 2026 ratificó para el ejercicio en curso. No es un tipo universal sobre cualquier operación ni un IVA: grava ventas minoristas y servicios a la población, con excepciones y tratamientos especiales según la actividad, no el valor añadido.
Fuerza de trabajo y seguridad social
Sobre su nómina, la empresa paga además un 5% de Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo y una contribución a la Seguridad Social del 14% de las remuneraciones, ambos fijados también por la Resolución 306 de 2023. A eso se suma un 1% de contribución territorial para el desarrollo local y, cuando corresponda, tributos aduaneros u otros gravámenes sectoriales.
La contabilidad, obligatoria desde el primer día
La empresa debe llevar contabilidad formal y respaldar documentalmente compras, gastos, inventarios, nóminas e ingresos, además de rendir información fiscal y estadística al Estado.
Bancos, divisas y cuentas en el exterior
Toda operación debe pasar por un banco cubano
La bancarización es obligatoria: la ley exige registrar en cuentas bancarias los ingresos y pagos de la empresa, lo que da al Estado trazabilidad completa sobre su actividad económica.
Cuentas en divisas sin autorización previa
Desde septiembre de 2026, una mipyme puede abrir cuentas en divisas sin necesidad de autorización previa del Banco Central, según la Resolución 102 de ese año del Banco Central de Cuba. Esas cuentas pueden recibir ingresos de exportaciones, comercio electrónico, transferencias y financiación desde el exterior, ventas de bienes y servicios y, por primera vez, depósitos de efectivo en las divisas que acepta el Banco Central; desde ellas se pueden pagar importaciones y otros conceptos lícitos en el exterior. Siguen sujetas, eso sí, a controles de origen lícito de fondos y a la regulación bancaria general.
El Estado sigue gestionando las divisas
Esa apertura bancaria no equivale a convertibilidad plena del peso cubano ni a acceso irrestricto a transferencias internacionales: la Resolución 103 de 2026 del Ministerio de Economía y Planificación mantiene un sistema estatal de gestión, control y asignación de divisas sobre el conjunto de la economía. Bajo esa norma, los actores económicos sin un coeficiente específico aprobado retienen el 80% de determinados ingresos en divisas y deben vender el 20% restante al Banco Central, que se lo abona en pesos cubanos.
Dividendos, transferencias y repatriación
El reparto de utilidades entre los socios se decide en la Junta General y se paga una vez cubiertos impuestos y reservas. Cobrar dividendos dentro de Cuba es una cosa; convertirlos a divisa y transferirlos al exterior es otra: depende de que la empresa tenga saldo en una cuenta en divisas, de la disponibilidad real de moneda y de la regulación bancaria vigente. Para un socio que vive fuera, esa diferencia entre tener derecho a las utilidades y poder sacarlas de la isla es el punto que más conviene pactar por escrito antes de aportar capital.
Una licencia cripto, por ahora puntual
En marzo de 2026, el Banco Central de Cuba autorizó a nueve mipymes privadas y una empresa mixta, la mayoría del sector tecnológico, a usar activos virtuales en operaciones de pago transfronterizas vinculadas a su objeto social. Es, por ahora, una licencia puntual: las empresas autorizadas deben reportar trimestralmente al banco central los montos y los activos que mueven.
Cómo se financia un negocio privado en Cuba
Las vías disponibles incluyen los aportes de los propios socios, las utilidades retenidas, el crédito bancario y comercial, la prefinanciación y la inversión extranjera autorizada. La disponibilidad real de crédito y de divisas, sin embargo, es muy distinta de la autorización jurídica para recibirlas.
La diáspora como socia e inversora
Desde septiembre de 2026, los cubanos del exterior pueden ser socios directos de una mipyme, como se explicó más arriba, y pueden además abrir cuentas en divisas en bancos cubanos para financiar negocios en la isla, una vía que el régimen presenta como forma de encauzar remesas y ahorro de los cubanos de fuera hacia el sector privado.
Si quieres enterarte el mismo día en que el régimen cambie otra regla del sector privado, suscríbete a nuestra newsletter: seguimos cada decreto desde que sale de la Gaceta Oficial.
El endurecimiento de OFAC desde septiembre de 2026
Para quien envía ese dinero desde Estados Unidos, el margen se estrechó. El 30 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) retiró la autorización que permitía a bancos bajo jurisdicción estadounidense mantener cuentas a nombre de determinados emprendedores privados cubanos, según la FAQ 1273 publicada por el propio organismo. Desde esa fecha, salvo autorización separada, esas cuentas y esos fondos deben bloquearse, y su desbloqueo exige una licencia específica de OFAC. La misma reforma eliminó la autorización para las transferencias "U-turn", pagos que empiezan y terminan fuera de Estados Unidos pero pasan por un banco estadounidense, que la administración Biden había restablecido en mayo de 2024: ahora los bancos solo pueden rechazarlas. Ninguna de las dos facilidades de 2024 sigue vigente.
Bancos europeos: protegidos, no obligados a operar
En España y el resto de la Unión Europea, el Estatuto de Bloqueo comunitario protege frente a determinados efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses, pero no obliga a ningún banco a procesar una operación concreta: los bancos aplican, además, sus propios controles de cumplimiento, corresponsalía y prevención de blanqueo de capitales.
Importar y exportar: de depender del Estado a negociar directo

Hasta 2026, una mipyme que quería traer mercancía del exterior dependía casi siempre de una empresa estatal importadora o de intermediarios informales. El Decreto-Ley 133 cambió esa dependencia, aunque no la eliminó del todo.
Autorización previa del MINCEX
Hoy, las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y las empresas privadas de más de 100 trabajadores pueden solicitar autorización para importar y exportar directamente, pero necesitan el visto bueno previo del Ministerio de Comercio Exterior. "Directo" no significa sin licencia, sin aduana ni sin control bancario: sigue habiendo normas técnicas y restricciones sobre determinados productos.
Más importación que exportación
El sector privado ha crecido mucho más en importación y comercio que en producción exportable. En 2023, las importaciones del sector no estatal cubano rondaron los 1.300 millones de dólares, según estimaciones del economista José Luis Rodríguez. Las exportaciones privadas, en cambio, siguen siendo modestas: sumaron 15,7 millones de dólares en el primer semestre de 2024, concentradas en nichos como el carbón vegetal y ciertos servicios informáticos.
Cuándo una mipyme se asocia con una empresa estatal
Cuatro vías posibles
El Decreto-Ley 114 de 2025, en vigor desde el 2 de abril de 2026, creó un marco específico para que entidades estatales y mipymes privadas se asocien por cuatro vías: la creación de una S.R.L. mixta, la compra por una entidad estatal de participaciones en una S.R.L. privada existente, la absorción de una S.R.L. privada por una sociedad estatal, o un contrato de asociación económica que no crea necesariamente una nueva persona jurídica.
Quién aprueba la asociación
El Ministerio de Economía y Planificación dirige y controla la política de estas asociaciones y evalúa su aprobación; la empresa estatal que participa necesita, además, los avales de su propio organismo superior. Cuando una entidad estatal aporta bienes inmuebles o intangibles, el avalúo es obligatorio y debe certificarlo el Ministerio de Finanzas y Precios.
El riesgo de la asimetría
Comprar o vender bienes a una empresa estatal de forma puntual no convierte a una mipyme en mixta: hace falta una de esas cuatro vías, con aprobación y formalización expresas. El riesgo político de fondo es la asimetría entre un socio privado y un Estado que controla a la vez la aprobación de la asociación y la cadena administrativa de su propia empresa.
El Estado inspecciona, sanciona y puede disolver
La autorización para operar nunca es definitiva. Los órganos competentes conservan la facultad de inspeccionar a las mipymes, exigir que subsanen incumplimientos y aplicar sanciones que van desde multas hasta la suspensión temporal de la actividad.
La autorización también puede revocarse cuando la empresa incumple de forma grave las condiciones bajo las que fue aprobada, y el Decreto-Ley 133 añade que la Fiscalía General de la República y la Contraloría General ejercen acciones de control sobre el sector.
Cuándo se disuelve una mipyme
Una S.R.L. puede extinguirse por acuerdo de sus socios, por cumplirse el plazo o el objeto para el que se creó, por quedarse sin socios o por decisión de la autoridad en los casos que la ley prevé. La disolución abre un proceso de liquidación: se cobran los créditos, se pagan las deudas (incluidas las fiscales y laborales) y solo entonces se reparte entre los socios el patrimonio restante.
Insolvencia y deudas
Si el patrimonio de la empresa no alcanza para cubrir sus obligaciones, responde la sociedad con sus bienes, no el patrimonio personal de los socios, salvo los supuestos de fraude o responsabilidad directa ya señalados. Las deudas fiscales o bancarias impagadas, además, bloquean a esa persona para constituir otra mipyme o integrarse a ella.
Cuánto pesan hoy las mipymes en la economía cubana
Más de 10.500 mipymes privadas registradas
El sector pasó de 262 mipymes privadas registradas en 2021 a más de 10.500 hasta septiembre de 2026, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Esa serie cuenta las empresas inscritas en el Registro Mercantil y dadas de alta en la ONAT, no todas las aprobadas: el Ministerio de Economía ya había autorizado más de 11.300 negocios privados en septiembre de 2024. El registro de la ONEI tuvo además su primera caída a finales de 2024, cuando bajó de 9.458 a 9.236 mipymes privadas, antes de recuperarse hasta las 10.568 de septiembre de 2026.
Más de la mitad del valor de las ventas al detalle
El sector no estatal representó el 55% del valor de las ventas minoristas de bienes y servicios en 2024, frente al 44% en 2023, según datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadística e Información citados por Reuters. El dato mide valor de ventas, no volumen físico ni peso en el PIB.
Una cuarta parte del empleo, en una economía que se contrae
En septiembre de 2024, los trabajadores del sector privado y cerca de 600.000 cuentapropistas representaban conjuntamente el 25% del empleo y el 15% de las importaciones del país, según datos oficiales recogidos por Reuters. Ese crecimiento ocurre, además, sobre una economía que se contrajo un 1,1% en 2024 y acumulaba una caída cercana al 10% desde 2019, según las últimas cifras oficiales comunicadas por el ministro de Economía. El Gobierno no ha publicado todavía el dato oficial del PIB de 2025, pero el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana estima una contracción cercana al 5% ese año y una caída acumulada superior al 15% desde 2020.
La crisis energética: el techo real del sector

Ninguna reforma legal pesa tanto sobre una mipyme cubana como un apagón. Un análisis de la consultora AUGE, firmado por su gerente Oniel Díaz Castellanos y publicado en febrero de 2026, clasificó por actividad las 9.236 mipymes privadas registradas al cierre de 2024 y concluyó que el 96,4% del sector, 8.904 empresas, enfrenta un impacto severo o catastrófico por la crisis energética, según el informe publicado por la propia consultora. El mismo trabajo sitúa al 81,1% en sectores donde el combustible es parte directa de su proceso productivo y, según los datos de AUGE, solo el 48% de las empresas consultadas había invertido en paneles solares, baterías o plantas propias para mitigar el golpe.
El golpe tiene más de una causa. El deterioro estructural del sistema eléctrico nacional, con termoeléctricas obsoletas, décadas sin mantenimiento suficiente y falta de combustible, arrastra a Cuba a apagones diarios desde antes de 2026. A ese fondo se sumó en 2026 el endurecimiento de las sanciones petroleras de Washington, que buena parte del sector describe como un bloqueo y que ha golpeado de lleno a las pequeñas empresas familiares que dependen de electricidad y combustible para producir o vender.
En 2026, algunas mipymes recurrieron a paneles solares, baterías y vehículos eléctricos para reducir su exposición, pero la inversión inicial, las importaciones necesarias y la disponibilidad de divisas limitan cuánto puede avanzar el sector por esa vía.
Nuestra lectura: control antes que fomento
La Constitución de 2019 reconoce la propiedad privada, pero mantiene a la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía nacional. Esa jerarquía condiciona toda la regulación que se repasa en esta página.
Cada reforma reciente (el Decreto-Ley 133, el Decreto 160, la entrada de los cubanos de fuera como socios, la licencia cripto) se presenta como apertura, y en sentido estricto lo es: hoy se permite más de lo que se permitía hace un año. Pero el patrón de fondo no cambia.
Cada apertura llega acompañada de un mecanismo de autorización previa que el Estado no suelta. La administración municipal que certifica la creación de la empresa con las reglas que dicta el INAENE, el Decreto 160 que delimita qué actividades se permiten, el Registro Central Comercial que expide cada licencia, el banco que concentra todas las operaciones y gestiona las divisas, la ONAT que fiscaliza cada declaración, el MINCEX que autoriza cada importación, el MEP que decide qué asociaciones con el Estado se permiten y la inspección que puede suspender o revocar: la autonomía existe, pero vive dentro de ese cerco.
A nuestro juicio, el dato que mejor resume el momento no es el número de mipymes aprobadas, sino el de las que la crisis energética puede dejar fuera de juego. Una reforma legal que no resuelve el acceso al combustible y a la electricidad deja a la mayoría del sector compitiendo por sobrevivir, no por crecer.
Riesgos para los cubanos de EE. UU. y España que quieran invertir
Antes de aportar un peso conviene tener claro que esta página explica el marco general y no sustituye la consulta de cada caso con la Gaceta Oficial, la ONAT, el banco, el MINCEX, el Registro Mercantil o, para quien vive en Estados Unidos, con OFAC. Las reglas cambian a menudo y cada negocio tiene sus particularidades.
Riesgo societario
Aportar dinero a un familiar no crea derechos si la participación no queda documentada, formalizada e inscrita en el Registro Mercantil.
Riesgo cambiario y de repatriación
Recibir divisas en una cuenta cubana no garantiza su conversión, su transferencia al exterior ni la recuperación del capital en la moneda originalmente aportada.
Riesgo de sanciones para quien está en Estados Unidos
Una operación lícita en Cuba puede estar prohibida, bloqueada o sujeta a licencia bajo jurisdicción estadounidense. El cambio de OFAC de septiembre de 2026, detallado más arriba, es especialmente relevante para quien reside en Estados Unidos.
Riesgo bancario para quien está en España
Aunque la Unión Europea mantiene su Estatuto de Bloqueo, los bancos españoles aplican sus propios controles de sanciones, corresponsalía y origen de fondos antes de procesar una transferencia hacia o desde Cuba.
Riesgo operativo y riesgo institucional
Los apagones, la falta de combustible, la inflación y la escasez de insumos pueden hacer inviable un negocio jurídicamente autorizado. Y las reglas mismas tienen una vida corta: el régimen que rige hoy las mipymes cambió de forma sustancial en 2021, 2024 y 2026, además de ajustes anuales en materia tributaria, bancaria y de divisas.




