Meliá, Iberostar y Barceló cierran esta semana una etapa que empezó hace tres décadas: la de las grandes cadenas españolas administrando el turismo cubano. Las tres han confirmado en los últimos días el fin de sus operaciones en la isla, una detrás de otra, en un desenlace que hace apenas un año era difícil de imaginar.
El vacío que dejan llega justo cuando el propio régimen dice haber abierto la puerta, por primera vez, a que agencias de viaje, guías y alojamientos privados operen en un sector que hasta ahora era terreno casi exclusivo del Estado. La pregunta que se hacen operadores y cubanos de a pie es si el turismo privado en Cuba puede ocupar realmente ese espacio o si va a quedarse en un anuncio más.
La respuesta corta es que la puerta existe, pero con un candado concreto: quien quiera operar como guía o agente de ventas necesita antes una certificación y una autorización del Estado, y todavía no hay una norma completa que diga cómo pedirla. Y hay un segundo candado, más de fondo: buena parte de lo que un privado necesita para operar (combustible, bancos, permisos) sigue en manos de entidades estatales que Estados Unidos ya ha sancionado.
El adiós que cierra tres décadas de hoteles españoles en Cuba
El detonante directo fue la sanción de Estados Unidos al Ministerio de Turismo cubano (Mintur), añadido el 13 de julio a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dentro del marco de la Orden Ejecutiva 14404. Mintur es el dueño de los grupos hoteleros estatales Cubanacán, Gran Caribe e Islazul, con los que operaban las tres cadenas españolas.
Meliá ya había dado el primer paso el 3 de junio, cuando comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española el cese inmediato de la gestión y comercialización de 15 de sus hoteles en la isla. Su salida definitiva de Cuba está fijada para el 24 de julio, cuando la cadena cesará también en los 19 hoteles restantes, hasta dejar en cero los 34 que llegó a operar en su mejor momento. La compañía habló de "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras, incluidos los problemas para abastecerse de combustible.
Iberostar siguió un camino parecido: dejó de operar 12 de sus 18 hoteles cubanos desde el 1 de junio, y confirmó el 21 de julio el cese de los seis que le quedaban. Barceló, con una presencia mucho más modesta, cerró el único hotel que le quedaba operativo de los dos que llegó a gestionar en Varadero. Según Euronews, la salida de ambas cadenas quedó confirmada ese mismo 21 de julio.
Las medidas que abren la puerta al turismo privado
La apertura llegó antes que la estampida hotelera. El 18 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de 176 medidas, agrupadas en 23 ejes y aprobado por unanimidad, con un eje entero dedicado al turismo. Ese mismo paquete está detallado en la guía de las 176 medidas de reforma económica que ya publicamos.
En ese eje se autoriza la constitución de agencias de viajes a empresas mixtas, a empresas ciento por ciento extranjeras y a formas de gestión no estatal. También se abre el alquiler de autos, hasta ahora reservado a dos empresas estatales, y nuevas figuras como arrendamientos, usufructo oneroso y venta de inmuebles en zonas turísticas, cayos y áreas patrimoniales como La Habana Vieja y Trinidad.
Aquí está el candado que reserva el titular: los guías de turismo y los agentes de ventas privados necesitan "previa autorización" del Estado, justificada por el alto nivel de especialización de esa responsabilidad. No es una apertura sin condiciones. El propio Gobierno reconoció que implementar el paquete completo exige tocar más de 148 normas del ordenamiento jurídico cubano: 15 para derogar, 22 para reformar por completo y el resto entre modificaciones parciales y normas nuevas. El turismo es solo uno de los 23 ejes que esperan ese desarrollo legal.
Los límites que frenan la transición
De las 176 medidas, solo un puñado cuenta con normas ya publicadas en la Gaceta Oficial. El resto, incluida la parte de turismo, depende de un proceso legislativo sin calendario público completo. Eso significa que, en la práctica, agencias y guías privados siguen esperando la letra pequeña que les diga cómo tramitar la certificación que la propia ley exige.
A eso se suma un sector que ya venía en caída antes de que se fuera la última hotelera española. Cuba recibió 359.491 visitantes internacionales entre enero y mayo de 2026, un 58,4% menos que en el mismo periodo de 2025. Solo en mayo llegaron 30.883 turistas, y la ocupación hotelera del primer trimestre de 2026 apenas alcanzó el 12,9%.
Hay un tercer freno, menos visible pero igual de real. Desde el 4 de junio, GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la infraestructura turística, y los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas están bloqueados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo la misma orden que golpeó a Mintur. La OFAC advirtió que cualquier persona, cubana o extranjera, que transe con esas entidades o con empresas donde tengan el 50% o más de participación se expone a riesgo de sanciones. Como buena parte del combustible, los bancos y los permisos que necesita un privado siguen pasando por manos estatales, el mismo cerco que empujó a las hoteleras españolas a salir complica también, de forma indirecta, a quien intente entrar por la puerta que el régimen dice haber abierto.
Quién ya está en ese terreno
Mientras se define la norma, quienes ya conocen el negocio son las casas particulares y los guías independientes que llevan años operando en los márgenes del sistema estatal, muchas veces atendiendo precisamente al turismo de la diáspora que visita a su familia en la isla.
Esa demanda, la del cubano que vuelve a ver a los suyos y necesita alojamiento, coche y alguien que le resuelva trámites, es distinta a la del turista de resort que llenaba los hoteles de Varadero. Es también la que menos depende de una cadena internacional y la que un cuentapropista certificado podría cubrir primero, si la certificación llega.
Para los cubanos en el exterior con capital para invertir, la reforma abre en teoría la puerta a poner una agencia, una casa de renta o un servicio de traslados propio. En la práctica, esa inversión choca con la misma incertidumbre normativa y con el riesgo de depender, tarde o temprano, de un proveedor estatal ya sancionado.
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Espacio turístico | ¿Puede cubrirlo el privado? | Límite principal |
|---|---|---|
Casas particulares | Sí, sobre todo diáspora y viajeros independientes | Demanda a la baja y reglamento pendiente |
Guías y rutas locales | Sí, con autorización previa del Estado | Falta el procedimiento publicado |
Agencias de viajes | En teoría sí | Requiere norma completa y acceso a proveedores |
Resorts todo incluido | Difícil a corto plazo | Escala, abastecimiento y canales internacionales |
Transporte y combustible | Solo en parte | Dependencia de entidades estatales sancionadas |
Qué puede cubrir el sector privado tras la salida de las grandes hoteleras españolas y qué se lo impide todavía.
Análisis: ¿oportunidad real o hueco que tardará en llenarse?
A nuestro juicio, lo que hay sobre la mesa son dos procesos que avanzan a velocidades distintas. La salida de las hoteleras españolas ya es un hecho consumado, con fechas y hoteles concretos. La apertura al turismo privado, en cambio, sigue siendo en gran parte un anuncio sin reglamento completo.
Eso no quiere decir que no vaya a pasar nada. Los guías y las casas particulares que ya operan de forma semiformal tienen ahora un marco legal al que aspirar, y eso por sí solo cambia el cálculo de quien decide invertir su dinero o su tiempo en el sector. Pero mientras la certificación de guías y agentes siga sin un procedimiento publicado, y mientras GAESA y el resto del aparato estatal turístico sigan bajo el mismo cerco de sanciones que forzó la salida de Meliá, Iberostar y Barceló, es difícil que el sector privado sustituya, ni de lejos, la capacidad que dejan esas tres cadenas.
El hueco está ahí. Quién lo llena, y cuándo, depende menos de la voluntad del viajero o del inversor cubano en el exterior que de un papel que el régimen todavía no ha firmado, y de un cerco de sanciones que no distingue entre gestor estatal y proveedor privado que necesita usar la misma infraestructura.
