María Elvira Salazar volvió a dirigirse directamente a los cubanos con I-220A este sábado 1 de agosto, y esta vez el tono fue de urgencia. La congresista por Florida, una de las voces que más ha insistido en Washington por esta comunidad migratoria, grabó un video después de recibir una llamada que la puso en alerta.
En esa conversación, según su relato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría trasladado a su oficina un patrón que estaría repitiéndose entre los cubanos atrapados en el limbo del I-220A: personas desesperadas por resolver su estatus que están cayendo en manos equivocadas.
Salazar puso nombre al problema. Habló de notarios que ofrecen fabricar documentos de parole falsos a cambio de dinero, una salida que, advirtió, puede convertirse en la peor decisión que tome un inmigrante con I-220A y cerrarle cualquier camino futuro a la residencia.
Qué dijo Salazar en su advertencia
María Elvira Salazar alertó a los cubanos con I-220A de que acudir a notarios para fabricar un parole falso puede convertir un problema migratorio en un caso penal y en una causal grave de inadmisibilidad. Su advertencia busca frenar el uso de documentos fraudulentos mientras sigue abierto el limbo legal del I-220A.
La congresista aseguró que ICE contactó a su oficina este fin de semana para alertarla sobre casos de fraude documental vinculados al I-220A. "Estoy haciendo este vídeo para todo aquel que tiene I-220A. ICE me acaba de llamar a la oficina para decirme que hay mucha gente que tiene la I-220A que está yendo a notarios para falsificar un parole", afirmó en un video publicado en su cuenta de X.
Salazar cuestionó que alguien piense que ese fraude puede pasar inadvertido. "¿Pero ustedes verdaderamente piensan que las autoridades norteamericanas no se van a dar cuenta de que ese papel es falso?", preguntó.
La legisladora reconoció la desesperación de muchos afectados, pero fue tajante sobre el riesgo de recurrir al fraude. "A todo aquel que tiene I-220A que está desesperado, yo entiendo que la situación no está fácil, pero va a estar muchísimo peor para ustedes si ustedes empiezan a falsificar documentos", dijo.
También apuntó directamente a quienes preparan esos papeles a cambio de dinero. "Y sobre todo al notario, al notario público que está falsificando estos documentos. Usted sabe muy bien que eso es penado por la ley", señaló.
Por qué el I-220A deja a tantos cubanos en un limbo
El I-220A es un documento de liberación condicional que ICE entrega a personas detenidas al llegar a Estados Unidos, y no equivale al parole humanitario que exige la Ley de Ajuste Cubano para acceder a la residencia. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) fijó esa doctrina el 11 de septiembre de 2023 en el caso Matter of Cabrera-Fernandez, al concluir que el parole condicional del artículo 236(a)(2)(B) de la INA es jurídicamente distinto del parole humanitario del artículo 212(d)(5)(A), y que solo este último cumple el requisito de haber sido "admitido o paroled" para acceder al ajuste. La medida ha dejado a decenas de miles de cubanos sin una vía clara hacia la residencia permanente, como ya contó CubaFull en el caso de una cubana con I-220A detenida por ICE en Texas mientras acudía a una cita rutinaria de supervisión.
Esa interpretación es la raíz de la desesperación que Salazar describe: sin la posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, muchos afectados buscan atajos, y ahí es donde algunos notarios estarían ofreciendo documentos fabricados como solución.
El fallo del Onceno Circuito no cerró el caso
El 23 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, con sede en Atlanta, resolvió el caso Labrada-Hechavarria v. U.S. Attorney General, que agrupaba a dos casos de cubanos con I-220A cuyas solicitudes de ajuste habían sido rechazadas por aplicación directa de Cabrera-Fernandez. El tribunal anuló las decisiones de la BIA en ambos casos y devolvió los expedientes para nuevas actuaciones, tras admitir jurisdicción sobre la materia. El fallo no otorgó residencia automática ni resolvió de forma general la situación del resto de los afectados.
Esa ambigüedad legal, sin una solución definitiva a la vista, es el terreno donde germina la promesa fácil de un documento falso.
Las consecuencias penales de falsificar un documento migratorio
La falsificación o el uso consciente de documentos migratorios fraudulentos puede constituir un delito federal bajo el 18 U.S.C. § 1546, que contempla penas de hasta 10 años de prisión para una primera o segunda infracción, y penas mayores en circunstancias agravantes.
A eso se suma un daño migratorio que puede ser permanente. Según el Manual de Políticas de USCIS, una determinación de fraude o tergiversación intencional de un hecho material activa la causal de inadmisibilidad del artículo 212(a)(6)(C)(i) de la INA, que deja a la persona impedida de por vida para ser admitida en Estados Unidos, salvo que califique para un perdón específico.
Salazar fue explícita sobre ese riesgo. "Ustedes saben que yo soy la mayor defensora de ustedes, que entiendo que la cosa no está fácil, pero falsificando un documento lo que están haciendo es cavando su fosa y no poder nunca ser un ciudadano de los Estados Unidos", expresó.
Notarios y estafas migratorias: a quién consultar
La advertencia de Salazar coincide con un problema que la propia Comisión Federal de Comercio (FTC) lleva años señalando: en Estados Unidos, solo un abogado de inmigración con licencia o un representante acreditado por el Departamento de Justicia pueden dar asesoría legal migratoria. Un notario, recuerda el organismo, no tiene esa autoridad, y acudir a uno para "resolver" un caso de I-220A puede dañar de forma irreversible las opciones reales de ajustar estatus.
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Análisis: la paciencia como única oferta política
A nuestro juicio, la advertencia de Salazar retrata mejor que cualquier estadística el punto de agotamiento al que ha llegado la comunidad I-220A. Cuando una congresista tiene que salir a pedir que la gente no cometa un delito federal por desesperación, el problema de fondo no es el fraude puntual de unos notarios inescrupulosos, sino la ausencia de una solución legislativa o judicial definitiva después de años de litigio, con un Onceno Circuito que reabre la puerta procesal sin resolver el fondo.
Salazar mantiene gestiones abiertas ante el Departamento de Seguridad Nacional. El 17 de junio pidió al secretario Markwayne Mullin evaluar un parole in place para cubanos con I-220A sin antecedentes penales, una petición que, de prosperar, resolvería el problema de raíz sin que nadie tuviera que arriesgarse con documentos falsos. Mientras esa respuesta no llegue, su mensaje de este sábado fue, de nuevo, pedir paciencia. "Tranquilos, que yo estoy segura que hay luz al final del túnel", dijo.
