Donald Trump lleva desde el arranque de su segundo mandato respaldando, uno tras otro, a los candidatos y gobiernos de América Latina que comparten su visión de la región. El patrón ya no es solo un gesto de campaña.
En 2026 ese respaldo empezó a traducirse en algo muy concreto para La Habana: gobiernos que hasta hace poco mantenían embajada en la isla han cortado el vínculo, uno detrás de otro.
Es el rastro visible de un bloque de gobiernos afines a Trump en América Latina que también avanza, con mucho menos ruido, en un terreno que golpea de forma directa a miles de familias cubanas: quién recibe a los migrantes que Washington ya no quiere devolver a la isla.
Un bloque reunido en Doral
El 7 de marzo, Trump reunió en Doral, Florida, a una docena de mandatarios latinoamericanos afines a su agenda en la cumbre bautizada Shield of the Americas.
Entre los asistentes estuvieron el chileno José Antonio Kast, el argentino Javier Milei, el paraguayo Santiago Peña, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele.
En su discurso, Trump advirtió que Cuba vive "en sus últimos momentos" bajo el régimen actual y prometió un "gran cambio" próximo para la isla.
Ese respaldo no se agota en el gesto de un día en Doral. Los conservadores han ganado siete elecciones presidenciales en América Latina en los últimos años, la mayoría de ellas desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, según recogió The Washington Post con reporterismo de Associated Press. A esa lista se sumaron, después de la cumbre, Colombia con De la Espriella y Perú con Keiko Fujimori, que asumió la presidencia en julio tras ganar la segunda vuelta de junio.
Ecuador y Costa Rica abren la ronda
El primer corte llegó antes incluso de esa cumbre. El 4 de marzo, el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata al embajador cubano y a toda su misión diplomática, unos 22 funcionarios, y ordenó el cierre de la embajada de Cuba en Quito.
Costa Rica siguió el mismo camino el 18 de marzo. El presidente Rodrigo Chaves anunció el cierre de su embajada en La Habana y dijo que su país ya "no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba", según recogió France 24.
Colombia se suma, cinco meses después
El 2 de junio, Trump dio su respaldo "completo y total" a Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.
De la Espriella ganó la segunda vuelta el 21 de junio frente al senador izquierdista Iván Cepeda, delfín político del entonces presidente Gustavo Petro.
El 7 de agosto, ya como presidente, De la Espriella rompió relaciones diplomáticas con Cuba y cerró la embajada colombiana en La Habana, como ya contó CubaFull.
La pieza migratoria: quién recibe a los deportados
Mientras se acumulan las rupturas diplomáticas, Washington teje en paralelo una red distinta: la de los países que aceptan recibir a los cubanos que Estados Unidos deporta.
Paraguay recibió en abril su primer vuelo de deportados de terceros países bajo un acuerdo firmado con el Departamento de Estado.
Honduras fue de los primeros en sumarse a esta red. Trump respaldó al candidato conservador Nasry Asfura y amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no ganaba las elecciones; ya en el poder, Asfura mantiene el acuerdo que su país firmó con Washington en 2025 para recibir deportados de terceros países, según la misma investigación de The Washington Post.
Ecuador, el mismo país que expulsó a la misión diplomática cubana en marzo, firmó también un pacto de "tercer país seguro" que ya ha recibido a cubanos expulsados de territorio estadounidense.
Costa Rica, que había roto relaciones con La Habana en marzo, recibió en junio un vuelo con migrantes deportados de terceros países que incluía a ciudadanos de China, Vietnam, Colombia y Azerbaiyán, de acuerdo con el mismo reportaje de Associated Press.
Ahora Washington negocia con Uruguay un mecanismo para reubicar allí a cubanos que no pueden ser devueltos directamente a la isla, según reveló CNN el 30 de julio. La propia administración informó en marzo a un tribunal federal que ya había enviado 6.000 cubanos a México.
Jamaica negocia un mecanismo más limitado. El viceprimer ministro Horace Chang confirmó que el acuerdo en discusión sería de tránsito, con capacidad para hasta 25 personas cada quince días y no más de 10 alojadas a la vez, según reportó Reuters el 16 de junio de 2026.
Esa cifra ya tiene una fotografía más amplia. Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13.000 nacionales de terceros países, y los cubanos fueron el grupo más numeroso entre ellos, con una estimación de 4.353 deportaciones en ese periodo, según un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo de 2026. La organización añade que, desde junio de 2025, salen hacia México cada mes más cubanos que los que son devueltos directamente a la isla.
País | Rompió relaciones con Cuba | Acuerdo o vuelos de deportados |
|---|---|---|
Ecuador | Sí, 4 de marzo de 2026 | Sí, pacto de tercer país seguro |
Costa Rica | Sí, 18 de marzo de 2026 | Sí, vuelo recibido en junio de 2026 |
Colombia | Sí, 7 de agosto de 2026 | No reportado |
Honduras | No | Sí, acuerdo firmado en 2025 |
Paraguay | No | Sí, primer vuelo en abril de 2026 |
Uruguay | No | En negociación, según CNN (30 de julio de 2026) |
Jamaica | No | En negociación, según Reuters (16 de junio de 2026) |
Rupturas diplomáticas con Cuba y acuerdos migratorios con Washington en 2026, país por país.
Washington endurece la política hacia Cuba en paralelo
El giro migratorio corre junto a un endurecimiento explícito de sanciones. El 30 de junio de 2025, la Casa Blanca anunció un memorando de seguridad nacional que prohíbe las transacciones directas o indirectas con entidades controladas por GAESA, el conglomerado militar cubano, refuerza la prohibición del turismo estadounidense a la isla y ordena oponerse en foros internacionales a cualquier intento de levantar el embargo, según el comunicado oficial.
Casi un año después, el 1 de mayo de 2026, Trump firmó una nueva orden ejecutiva con sanciones contra funcionarios, entidades e instituciones financieras vinculadas al aparato de seguridad, la corrupción o las violaciones de derechos humanos del régimen. La Casa Blanca justificó la medida, entre otros motivos, señalando que Cuba facilitó la salida de más de 850.000 migrantes hacia Estados Unidos entre 2022 y finales de 2024, según su comunicado.
Desde el 1 de enero de 2026, el Departamento de Estado mantiene además una suspensión parcial de visados para cubanos y venezolanos que afecta a las categorías B-1/B-2, F, M, J y a los visados de inmigrante, con excepciones limitadas, según su página oficial.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha seguido añadiendo sanciones relacionadas con Cuba los días 13 y 23 de julio y 6 de agosto de 2026, de acuerdo con su registro oficial.
La respuesta del régimen y la presión que no cede
El régimen cubano rechazó la ofensiva. El 7 de mayo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la orden ejecutiva y las sanciones posteriores de "ampliación extraterritorial del bloqueo" y aseguró que "incrementan el daño a la población cubana", según publicó Granma.
Análisis: dos presiones que convergen sobre Cuba
Lo que conecta Doral, Quito, San José y Bogotá es una misma lógica: usar el respaldo político a gobiernos afines como palanca para aislar al régimen cubano en varios frentes a la vez, no solo en el diplomático.
La ruptura de embajadas es el golpe más visible y el que más titulares genera. El trabajo silencioso con Honduras, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Jamaica pesa distinto: decide, caso por caso, dónde termina cada cubano que Washington ya no quiere devolver a la isla.
El caso de Chile muestra que el aislamiento no avanza igual en todos los frentes. Kast ha llamado a Cuba "una dictadura" y sacó a su país del Movimiento de Países No Alineados, pero la embajada cubana en Santiago sigue abierta. La presión diplomática y la presión migratoria corren, de momento, por carriles distintos y a velocidades distintas.
A esas dos presiones se suma una tercera, más silenciosa: el endurecimiento sostenido de sanciones desde Washington, que no depende de qué gobierno gane en cada país de la región y que ya lleva año y medio de escalada ininterrumpida.
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