El gobierno de La Habana puso en marcha esta tarde una inspección integral a los negocios privados de la capital cubana, con la bancarización de los cobros y la política de precios como los dos frentes centrales de la revisión.
La medida llega en un momento de tensión sostenida entre el régimen y el sector no estatal, que arrastra meses de rechazo a las transferencias y de acusaciones cruzadas por precios inflados en los productos de primera necesidad.
Los inspectores recorren los quince municipios habaneros con instrucciones concretas sobre a qué actores alcanza exactamente la obligación bancaria, qué deben ofrecerle al cliente y qué puede costarles no tenerlo en regla.
Quién dirige la inspección y qué busca
La inspección comprueba tres cosas en cada negocio no estatal: que ofrezca al cliente una vía de pago electrónico, que canalice sus cobros por la cuenta bancaria fiscal y que respete la política de precios. Quien no lo cumpla se expone a multa, suspensión de licencia o, en los casos más graves, al cierre.
El plan lo presentaron Jair Morales, miembro del Buró Provincial del Partido en La Habana, y Lidia Ismaray Pérez Carrillo, coordinadora de programas de fiscalización y control, según el comunicado oficial del gobierno habanero.
Las brigadas, formadas por especialistas de varias instituciones, se dedicarán a verificar la implementación de los pagos electrónicos entre los actores económicos no estatales y a revisar la política de precios y los márgenes especulativos. Las propias autoridades matizan el alcance: "el objetivo fundamental de esta inspección no es sancionar, sino orientar y corregir desviaciones a tiempo".
A quién alcanza realmente la obligación de bancarizar
Esta ronda en La Habana apunta a trabajadores por cuenta propia, MiPyMEs, cooperativas y proyectos de desarrollo local de los quince municipios. Pero el marco legal que sostiene esa exigencia es más amplio: la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior y la Resolución 111/2023 del Banco Central alcanzan también a empresas estatales, organizaciones de dirección empresarial, cooperativas agropecuarias, inversión extranjera y cualquier persona natural o jurídica que realice actividad comercial o de servicios autorizada, según recoge Granma.
Quedan exceptuados los negocios en "zonas de silencio" certificadas por Etecsa, donde la infraestructura de telecomunicaciones no permite operar pasarelas de pago.
Qué exige la norma a cada negocio
Todo comercio inscrito en el Registro Central Comercial debe ofrecer al cliente la posibilidad de pagar por Transfermóvil, EnZona o un punto de terminal de venta (POS), ya sea comercio mayorista o minorista, servicio gastronómico o técnico de uso personal, según detalla Granma. El propio Mincin lo aclara: el pago electrónico "es una modalidad opcional, y un derecho, para el consumidor"; la obligación recae sobre el negocio, no sobre quien compra.
Si tu negocio ya cobra por transferencia, CubaFull ya explicó qué hacer con el efectivo que Bandec exige depositar dentro del paquete de 176 medidas que combina apertura cambiaria con más control fiscal.
El giro sobre el efectivo que cambió este verano
Aquí hay un matiz que muchos negocios todavía no tienen claro. Desde agosto de 2023, la Resolución 111/2023 fijaba un tope de 5.000 pesos por operación en efectivo entre actores económicos, un límite que un vicepresidente del Banco Central llegó a describir como "el que no desaparece", según el Ministerio de Finanzas y Precios.
Desaparecer sí desapareció: el 17 de julio de 2026, el Banco Central publicó la Resolución 74/2026, que suspende de forma indefinida ese tope rígido y lo sustituye por un esquema negociado directamente entre cada actor económico y su banco, según Escambray. La obligación de ofrecer pago electrónico se mantiene intacta: la propia presidenta del Banco Central advirtió medidas legales para quien no lo cumpla.
Cómo saber si una tarjeta está en pesos o en dólares
Para los negocios que cobran por transferencia, identificar la cuenta del cliente evita rechazos. Según explica Bandec en la guía publicada por La Habana, todas las tarjetas empiezan por 92, pero el resto del prefijo marca la diferencia: los números asociados a nómina, ahorro o cuentapropistas identifican pesos cubanos (CUP), mientras que prefijos como 9225, 9226, 9228 o 9235 corresponden a cuentas en dólares con respaldo en MLC, usadas sobre todo por trabajadores por cuenta propia, MiPyMEs y cooperativas.
Las sanciones que ya dejaron huella en el resto del país
El Decreto-Ley 91/2024 tipifica como infracción grave no usar los canales electrónicos establecidos o no domiciliar la nómina, y como muy grave no operar con la cuenta bancaria fiscal o corriente correspondiente. Ambos niveles comparten el mismo rango de multa: de 40 a 60 cuotas para trabajadores por cuenta propia y de 60 a 100 para MiPyMEs y cooperativas, con suspensión temporal, cancelación de licencia o cierre parcial o total en los casos más graves, según Granma.
Actor económico | Infracción sancionada | Multa (Decreto-Ley 91/2024) | Medidas accesorias posibles |
|---|---|---|---|
Trabajadores por cuenta propia | No usar canales electrónicos o no operar con la cuenta bancaria fiscal | 40 a 60 cuotas | Suspensión temporal o cancelación de licencia; cierre parcial o total |
MiPyMEs y cooperativas no agropecuarias | No usar canales electrónicos o no operar con la cuenta bancaria fiscal | 60 a 100 cuotas | Suspensión temporal o cancelación de licencia; cierre parcial o total |
Multas del Decreto-Ley 91/2024 por incumplir la bancarización, según el tipo de actor económico
El precedente nacional ya es medible y golpea sobre todo al sector no estatal. Hasta el 29 de septiembre de 2025, los controles de la Resolución 93/2023 habían pasado por 84.963 establecimientos en todo el país, con 26.538 deficiencias detectadas y 15.637 medidas aplicadas, entre ellas 269 cierres y 15.240 contravenciones por 71.310.585 pesos, según cifras oficiales recogidas por Granma. De esas 52.954 entidades no estatales revisadas (49.713 cuentapropistas, 2.641 MiPyMEs, 389 proyectos de desarrollo local y 211 cooperativas), salieron 229 cierres y 54.369.292 pesos en multas, el grueso del total nacional.
Si quieres seguir de cerca cómo estas inspecciones afectan a los negocios cubanos y a las familias que dependen de ellos, puedes suscribirte al boletín de CubaFull para recibir la cobertura antes que nadie.
Y en los precios, qué se sanciona hoy
Para las violaciones de precios, el Decreto 30/2021 contempla multas de 2.500 a 15.000 pesos para quien comercializa bienes al por mayor o al detalle, además de decomiso, venta forzosa u obligación de hacer, según Granma. El foco ya no está en los antiguos topes para pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas de la Resolución 225/2024: el Ministerio de Finanzas y Precios los dejó sin efecto en junio de 2026 mediante la Resolución 150/2026, aunque mantuvo la exención arancelaria para todos esos productos salvo el detergente. Los inspectores habaneros se concentran ahora en los márgenes especulativos y en los precios concertados o aprobados por la autoridad competente.
Análisis: una ofensiva con guion ya conocido, y una mano que se afloja en otro frente
Lo que anuncia La Habana no es un cambio de estrategia, es la repetición local de un patrón que el propio régimen ya documentó a escala nacional: controles masivos, miles de contravenciones y un problema de fondo (la resistencia del sector no estatal a bancarizar) que sigue sin resolverse dos años después del Decreto-Ley 91/2024.
A nuestro juicio, el matiz de "orientar antes que sancionar" que repiten los funcionarios habaneros choca con el propio historial que ellos mismos publican: casi 270 cierres y más de 71 millones de pesos en multas en poco más de dos años de controles, con el sector no estatal como principal golpeado, no hablan de una fase de advertencias, sino de un aparato sancionador ya en marcha.
Llama la atención el contraste con lo que ocurrió apenas tres semanas antes en materia de efectivo: el mismo Banco Central que en 2023 presentó el tope de 5.000 pesos como "el límite que no desaparece" terminó suspendiéndolo en julio de 2026 ante el fracaso evidente de la bancarización forzosa. El régimen endurece el control sobre quién acepta o no la transferencia, pero cede terreno cuando la rigidez le juega en contra a su propio sistema bancario. Para los negocios de la capital, la diferencia entre la orientación prometida y la multa real dependerá de si esta ronda de inspecciones se ciñe a su propio discurso o repite el patrón del resto del país.
