El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara un salto en la vigilancia del voto que puede rozar a miles de votantes naturalizados en Estados Unidos, muchos de ellos cubanoamericanos que llegaron a la ciudadanía tras años de trámite.
Según directrices internas revisadas por CNN, la agencia ordena a sus oficinas de investigación redoblar las pesquisas sobre fraude electoral justo cuando arranca el ciclo de las elecciones intermedias de 2026.
La orden llega respaldada por el propio secretario del DHS y convierte al departamento en la punta de lanza de la búsqueda de irregularidades que ha impulsado la Casa Blanca. El operativo empieza este martes, 1 de septiembre.
Nueve estados, seis semanas de plazo
El DHS intensifica desde el martes 1 de septiembre de 2026 las pesquisas por presunto fraude electoral en nueve estados, con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) al frente de las entrevistas de campo, el seguimiento de pistas y el traslado de casos a los fiscales.
Las directrices internas lo describen como una "iniciativa coordinada de intensificación contra el fraude electoral criminal", con una revisión rápida por parte de los fiscales de cada caso.
Las oficinas de nueve estados (Washington, Wisconsin, Misuri, Georgia, California, Pensilvania, Nevada, Nueva York y Connecticut) deberán ejecutar acciones entre principios de septiembre y mediados de octubre.
Al frente de la estrategia está el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien ha acelerado el papel del DHS como eje central de la búsqueda del presidente Donald Trump de un fraude electoral que, según él, es generalizado.
Una unidad pensada para el narcotráfico, ahora en el padrón electoral
HSI es, en su día a día, el brazo de investigaciones criminales de ICE: persigue tráfico de personas, narcotráfico y explotación infantil.
Su despliegue sobre historiales electorales de posibles no ciudadanos registrados marca un giro de misión poco habitual para la agencia.
Ese cambio de foco es, en sí mismo, una señal de hasta dónde ha escalado la prioridad política del expediente electoral dentro del DHS.
El respaldo desde la Casa Blanca
La ofensiva no nace de la nada. El 31 de marzo de 2026, la Casa Blanca firmó la Orden Ejecutiva 14399, que reserva el voto en elecciones federales a los ciudadanos estadounidenses y ordena al DHS, junto con la Administración del Seguro Social, compilar listas estatales de ciudadanía a partir de registros de naturalización y otras bases de datos federales.
La Corte Suprema despejó en agosto de 2026 el camino legal de esa orden: por 6 votos contra 3, permitió que la Casa Blanca siga adelante tanto con las listas de ciudadanía del DHS como con las restricciones al voto por correo que impone a través del Servicio Postal.
Con ese respaldo judicial fresco, la iniciativa de HSI llega como el siguiente paso operativo de una estrategia que ya tenía cobertura legal desde la propia Casa Blanca.
Padrones electorales y fondos como palanca
El DHS ya venía presionando a los estados para que compartieran sus padrones electorales con fines de auditoría y ha advertido que retendrá fondos de subvención a los que se nieguen a adoptar un paquete más amplio de reformas electorales, según la documentación revisada por CNN.
El Departamento de Justicia sostiene esa presión por la vía judicial: en febrero de 2026 demandó a Utah, Oklahoma, Kentucky, Virginia Occidental y Nueva Jersey para obligarlos a entregar sus listas completas de registro electoral, con lo que elevó a 29 estados y el Distrito de Columbia el total de jurisdicciones bajo ese reclamo, según el propio Departamento de Justicia.
Qué dice la norma federal sobre investigar antes de una elección
Durante décadas, el Manual de Justicia del Departamento de Justicia ha desaconsejado las investigaciones penales "abiertas" sobre fraude de boletas hasta que la elección concluya, se certifiquen los resultados y terminen los recuentos o disputas, según recoge la sección 9-85 de ese manual.
Otra cláusula prohíbe a fiscales y agentes federales elegir el momento de una investigación, un cargo o una declaración para favorecer o perjudicar a un candidato o un partido.
Esa es, precisamente, la norma que la ofensiva de HSI pone a prueba: arranca seis semanas antes de una elección intermedia, no después.
El precedente de Nevada
El DHS ya tiene un antecedente que complica su credibilidad en este terreno. El departamento afirmó públicamente haber hallado casi 16.000 personas no ciudadanas en los padrones electorales de Nevada.
En privado, sin embargo, reconoció ante los máximos responsables electorales del estado haber "confirmado" apenas 185 casos, según registros internos consultados por CNN.
La diferencia entre la cifra que se anunció y la que finalmente se pudo sostener es, para muchos votantes naturalizados, la prueba de que estas auditorías arrastran a personas que votaron de forma legítima antes de que se aclare cualquier duda.
Quién puede votar y quién no: la frontera que toca a los cubanos
La distinción legal es la que de verdad importa para la comunidad. Los ciudadanos estadounidenses naturalizados, incluidos los cubanos que llegaron a la ciudadanía tras el trámite migratorio, pueden votar en elecciones federales, estatales y locales si cumplen los requisitos de residencia, edad y registro de su estado, según confirma USAGov.
Quienes tienen residencia permanente, parole, asilo pendiente o TPS no pueden votar en elecciones federales ni en la mayoría de las estatales o locales, aunque lleven años viviendo en el país.
Una declaración falsa de ciudadanía para registrarse o votar, o el hecho de votar sin serlo, es delito bajo el Código de Estados Unidos y puede pesar en contra del requisito de "buen carácter moral" que exige la naturalización.
El riesgo práctico no está en el voto deliberado, sino en el papeleo: formularios de registro automático en el DMV o en agencias estatales que, sin querer, marcan la casilla equivocada.
Estatus migratorio | ¿Puede votar en elecciones federales? | Riesgo principal en una auditoría |
|---|---|---|
Ciudadano naturalizado | Sí | Errores en bases de datos o en las listas de ciudadanía |
Residente permanente (green card) | No | Registro automático o declaración falsa de ciudadanía |
Parole, TPS o asilo pendiente | No | Confusión al marcar formularios estatales de registro |
Ciudadano en el exterior | Sí, si cumple los requisitos de su estado | Tramitar bien el registro y la boleta ausente |
Estatus migratorio y derecho al voto en elecciones federales de EE. UU.
El caso de California que ilustra el riesgo
El 28 de agosto de 2026, la fiscalía federal del Distrito Central de California anunció el arresto de Darwin Jonathan Rivera Flores, hondureño de 30 años y residente permanente legal, acusado de reclamar falsamente la ciudadanía estadounidense y de registrarse para votar de forma fraudulenta, según el comunicado de la fiscalía.
Las autoridades no encontraron registro de que hubiera votado. El fiscal federal auxiliar en jefe, Bill Essayli, presentó el caso como el primero de una serie: "Este arresto es el primero de muchos que vendrán".
El caso no es cubano ni ocurre dentro de la ofensiva de HSI que arranca el martes, pero anticipa el tipo de expediente (residente legal, sin antecedentes de voto real, sancionado igual) que la nueva iniciativa puede multiplicar en los nueve estados señalados.
Análisis: un riesgo directo para el votante naturalizado
A nuestro juicio, lo que separa esta ofensiva de un control de rutina es el momento en que llega y el antecedente que ya dejó el propio DHS. Iniciar una campaña de este tipo al arrancar las elecciones intermedias, con el aval reciente de la Corte Suprema y tras una auditoría en Nevada que infló un problema real hasta cien veces su tamaño confirmado, obliga a mirar el operativo con cautela.
El propio DHS ha hablado de casi 250.000 posibles no ciudadanos registrados en cuatro estados, una cifra que funcionarios electorales estatales han puesto en duda y que expertos consultados por AP describen como un fenómeno raro, no el problema masivo que se anuncia.
Para la comunidad cubana en Estados Unidos, donde casi 1,7 millones de personas son inmigrantes y una parte relevante llegó a la ciudadanía por naturalización, según datos de Pew Research Center, ese antecedente pesa. California y Nueva York, dos de los nueve estados bajo la lupa de HSI, concentran juntos cerca de 184.000 cubanos.
No hay nada en las directrices que apunte a un objetivo étnico o de origen, pero cualquier auditoría masiva de padrones expone en primer lugar a quien más recientemente se hizo ciudadano, y ahí el margen de error de Nevada sigue siendo la referencia obligada.
Si te preocupa cómo estas medidas pueden tocar a tu comunidad, en la newsletter de CubaFull seguimos el asunto en las próximas semanas, a medida que las nueve oficinas empiecen a moverse sobre el terreno.
Lo que viene hasta mediados de octubre
Las directrices no detallan qué pasos concretos tomará cada oficina estatal más allá de las entrevistas de campo y el traslado de casos a fiscales. Lo que sí queda fijado es el calendario: seis semanas de actividad reforzada que coinciden con la fase más intensa de la campaña de las intermedias.
