Una empresa minera australiana le propone a Estados Unidos una fórmula insólita para salvar su propio negocio en Cuba: que sea un inversor estadounidense quien se quede con el control. Se trata de Antilles Gold, socia de la estatal cubana GeoMinera en la explotación de oro y cobre en la isla.
La propuesta, presentada directamente al Departamento de Estado, busca que ese inversor asuma la mayoría de su filial en Cuba y así abrir la puerta a que Washington retire las restricciones que paralizaron la mina desde junio.
De salir adelante, sería el segundo caso en pocas semanas de una minera extranjera que le pide a Washington una fórmula para seguir extrayendo recursos en Cuba sin romper con las sanciones.
Qué propone Antilles Gold
Antilles Gold quiere que uno o varios inversores estadounidenses aceptables para Washington adquieran al menos el 51% de Antilles Gold Inc (AGI), su filial registrada en Islas Caimán, mediante una suscripción de acciones. Según confirmó Mining.com.au, esa fórmula trasladaría el control de la parte australiana de la sociedad a manos de EE. UU. y buscaría que la OFAC autorice a Minera La Victoria a volver a operar y a transar con personas y entidades estadounidenses.
AGI posee el 50% de Minera La Victoria S.A. (MLV), la sociedad que desarrolla el proyecto de oro y cobre Nueva Sabana, en el centro de Cuba. El otro 50% está en manos de GeoMinera, la minera estatal del régimen.
El presidente de Antilles Gold, Brian Johnson, remitió la propuesta al Departamento de Estado y mantiene conversaciones preliminares con un grupo inversor estadounidense con vínculos en Cuba, aunque la empresa no ha identificado públicamente de quién se trata.
La propia compañía admite que no hay certeza sobre si Washington responderá a la propuesta, ni cuándo, ni cuál sería el resultado.
El origen: las sanciones a GeoMinera y Minera La Victoria
La crisis de Antilles Gold arrancó el 4 de junio de 2026, cuando el Departamento de Estado designó, bajo la Orden Ejecutiva 14404, a un grupo de entidades y personas vinculadas al régimen, entre ellas GeoMinera y la propia Minera La Victoria S.A., la sociedad conjunta con Antilles. Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, la medida responde a la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla por parte de empresas estatales como GeoMinera.
Semanas después, Washington amplió la lista con sanciones a otras empresas estatales cubanas, entre ellas el Banco Financiero Internacional y Almacenes Universales, en un intento de estrangular las fuentes de divisas del régimen.
La designación paralizó de inmediato tanto Nueva Sabana como el otro proyecto conjunto de la empresa, La Demajagua. Un día después, el 5 de junio, Antilles Gold pidió la suspensión de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia (ASX), según reportó The Globe and Mail.
La sanción llegó apenas tres semanas después de que la propia Antilles Gold asegurara, en un comunicado a la ASX del 13 de mayo, que la construcción de Nueva Sabana seguía en marcha pese a la inestabilidad regulatoria. Entonces la empresa consideraba improbable verse afectada, porque decía no tener activos bloqueables en EE. UU., ni proveedores ni bancos estadounidenses, y porque GeoMinera no figuraba en ninguna lista de sanciones ni tenía vínculos con el ejército cubano.
Nueva Sabana y La Demajagua: los proyectos atrapados
Nueva Sabana es una mina de oro y cobre a cielo abierto cuya construcción comenzó el 11 de diciembre de 2025. Antilles había contratado a la firma china Yantai Xinhai Mining Technology & Equipment un contrato EPC de precio fijo por 29,5 millones de dólares, que cubriría cerca del 85% de los costos de desarrollo restantes, además de una línea de crédito de 17,1 millones.
La empresa también había cerrado dos acuerdos de regalías por 5 millones de dólares cada uno y esperaba producir el primer oro en enero de 2027, planes ahora en el aire.
El otro proyecto, La Demajagua, en la Isla de la Juventud, es un yacimiento de oro, plata y antimonio con un recurso estimado de 905.000 onzas equivalentes de oro, según los propios reportes de la empresa a la ASX. Antilles preveía un estudio de factibilidad en 2027 y el inicio de la construcción entre 2027 y 2028.
El precedente de Sherritt
Antilles Gold no es la primera minera extranjera que busca reestructurar su presencia en Cuba para esquivar las sanciones. El 7 de mayo de 2026, Washington sancionó a GAESA y a Moa Nickel, y la canadiense Sherritt International anunció de inmediato su retirada de las operaciones directas en la isla tras 32 años de presencia, según Associated Press.
Días después, Sherritt frenó ese plan de disolución al recibir lo que describió como una oportunidad preliminar para preservar valor, aunque mantuvo suspendida su participación directa por las dificultades del entorno sancionador.
El 20 de mayo, el Wall Street Journal reveló que la empresa alcanzó un acuerdo no vinculante para vender warrants que podrían darle a la firma Gillon Capital hasta el 55% de Sherritt, con el visto bueno preliminar del Departamento de Estado y el Tesoro para negociar, aunque cualquier acuerdo final necesitaría aprobación.
Empresa | País | Activo en Cuba | Sanción relacionada | Salida buscada |
|---|---|---|---|---|
Antilles Gold | Australia | Nueva Sabana / La Demajagua | GeoMinera / Minera La Victoria, junio 2026 | Control de AGI en manos de inversores de EE. UU. |
Sherritt International | Canadá | Níquel en Moa | GAESA / Moa Nickel, mayo 2026 | Posible control de Gillon Capital hasta el 55% |
Dos mineras extranjeras, la misma fórmula: ceder el control a inversores de EE. UU. para esquivar las sanciones a sus socios cubanos.
Análisis: la presión de Trump aprieta a los socios del régimen
Lo que muestra este episodio es que la política cubana de la administración Trump ya no solo golpea al régimen directamente: está forzando a sus socios comerciales extranjeros a elegir entre Cuba y el acceso al sistema financiero estadounidense. Y, cada vez más, esos socios eligen lo segundo.
Que una minera australiana le pida a Washington ayuda para desprenderse de su propio negocio en la isla, apenas semanas después de que el precedente de Sherritt marcara el camino, es una señal de hasta qué punto las sanciones están erosionando la capacidad del régimen de atraer y retener capital extranjero, precisamente en un sector que La Habana necesita para paliar la crisis económica.
Es una tendencia que documentó también el Wall Street Journal: las empresas extranjeras huyen de la isla al ritmo que colapsa su economía.
Queda por ver si el Departamento de Estado avala este tipo de fórmulas, que en la práctica permitirían a empresas seguir extrayendo recursos en Cuba siempre que el control quede en manos de inversores estadounidenses.
Es un asunto que CubaFull seguirá de cerca. Si quieres enterarte apenas Washington se pronuncie sobre este tipo de salidas para empresas que operan en Cuba, puedes suscribirte a nuestra newsletter.
