Buena parte del debate sobre el futuro de Cuba se queda en la denuncia del régimen sin llegar a la pregunta incómoda: qué pasaría el día después. Un grupo de organizaciones del exilio y la oposición interna dice tener ya una respuesta escrita, y la llama el Acuerdo de Liberación.
No es una declaración de intenciones más. Es un plan con fases, plazos y un diseño concreto de gobierno provisional pensado para conducir a la isla hacia el Estado de derecho y unas primeras elecciones multipartidarias.
El documento se firmó el 2 de marzo de 2026 en Miami, en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre, un lugar de fuerte carga simbólica para el exilio cubano. Lo impulsan de forma conjunta la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), que coordina Orlando Gutiérrez-Boronat, y la plataforma Pasos de Cambio, que lidera Rosa María Payá.
Qué firmaron el exilio y la oposición cubana
A la firma se sumaron decenas de organizaciones opositoras, tanto del exilio como de dentro de la isla, según recoge El País. La ARC agrupa por sí sola a más de 50 grupos de la diáspora.
El acuerdo plantea el desmantelamiento del Partido Comunista de Cuba (PCC), la desmilitarización del poder político y la eliminación de la doctrina comunista como condición para una nueva República, de acuerdo con El País.
Las cuatro fases del plan
El Acuerdo de Liberación se organiza en cuatro etapas sucesivas:
Liberación: cese inmediato de la represión, excarcelación de los presos políticos y restablecimiento de las libertades de expresión, prensa y asociación.
Estabilización: un gobierno provisional de carácter técnico y patriótico que atiende la crisis humanitaria inmediata mediante comisiones de trabajo, entre ellas emergencia humanitaria, economía, salud y educación.
Reconstrucción: desmontaje efectivo del aparato del Partido Comunista y reconstrucción de las instituciones republicanas y de la economía del país.
Democratización: elecciones libres y multipartidarias, con un plazo previsto de 24 meses desde el inicio de la transición.
El plan también anuncia la creación de nueve comisiones técnicas (entre ellas Emergencia Humanitaria, Seguridad y Defensa, Recuperación Económica, Salud, Educación, Justicia, y Exilio y Reunificación) además de una Comisión Constitucional, según el texto del acuerdo
Un gobierno provisional sin reelección
El plan detalla incluso la arquitectura de ese Ejecutivo de transición: un consejo provisional con un presidente y dos vicepresidentes, según describe El País.
Gutiérrez-Boronat ha insistido en que la mayoría de ese consejo debería estar formada por cubanos residentes en la isla, siempre que no hayan participado en violaciones de derechos humanos. La idea, según el mismo planteamiento, es que ese gobierno de transición gestione un plazo breve y no aspire a perpetuarse en el poder.
El muro constitucional que el plan busca superar
Cualquier hoja de ruta de este tipo choca de entrada con el diseño legal vigente en la isla. La Constitución cubana de 2019, aprobada en referendo, declara irrevocable el sistema socialista y define al PCC como "fuerza política superior de la sociedad y el Estado", según el texto recogido por el Constitute Project.
Eso convierte al Acuerdo de Liberación, en la práctica, en un plan que solo puede materializarse tras una ruptura institucional, no dentro del marco legal actual.
Presos políticos: el punto de partida que no cede
La liberación de presos políticos no es un capítulo más del acuerdo: es su primer paso. Human Rights Watch documenta en su Informe Mundial 2026 sobre Cuba que las autoridades siguen deteniendo de forma arbitraria a críticos, activistas y periodistas independientes.
Según esa misma organización, Prisoners Defenders contabilizaba cerca de 700 presos políticos en Cuba hasta octubre de 2025, mientras que Justicia 11J situaba en 359 el número de personas aún presas por las protestas de julio de 2021, algunas con condenas de hasta 22 años.
HRW documentó además que, cuando el régimen anunció en abril de 2026 la excarcelación de más de 2.000 reclusos, ni esa organización ni Prisoners Defenders ni Justicia 11J identificaron a un solo preso político entre los liberados.
El caso de José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, ilustra ese patrón: Amnistía Internacional denunció que, tras salir en libertad condicional a comienzos de 2025, el régimen le revocó ese beneficio semanas después, alegando incumplimientos que la propia organización calificó de pretexto político por su activismo continuado.
Disputas de liderazgo entre exilio y oposición interna
El acuerdo no nace en un terreno unido. El País documenta recelos y disputas de liderazgo entre distintas corrientes del exilio y la disidencia interna a la hora de imaginar esa transición.
Rosa María Payá ha defendido que la crisis cubana no tiene solución dentro del socialismo y que el cambio institucional debe ser irreversible. El opositor interno Manuel Cuesta Morúa, por su parte, ha planteado que cualquier negociación sobre el futuro de Cuba debe incluir a la sociedad cubana de dentro y de fuera de la isla, según recogió El País.
Análisis: un plan que llega antes de tiempo, o justo a tiempo
A nuestro juicio, lo que distingue a este documento no es que la oposición cubana proponga democracia (eso lleva años sobre la mesa), sino que lo haga con una secuencia operativa: qué se libera primero, qué se estabiliza y reconstruye después, y bajo qué plazo se convocan elecciones.
Ese orden importa. Las transiciones que fracasan suelen hacerlo por saltarse pasos: elecciones convocadas sin haber desmontado antes el aparato represivo, o promesas de libre mercado sin resolver antes la crisis humanitaria inmediata.
Pero el propio reporteo confirma lo que el plan no puede resolver solo con un documento: persisten recelos de liderazgo entre el exilio organizado y la disidencia dentro de la isla. Que ARC y Pasos de Cambio hayan firmado juntas es un paso, no una garantía. Si ese consenso se sostiene o se diluye en la próxima coyuntura es la pregunta que decidirá si el Acuerdo de Liberación pasa de documento a hoja de ruta real.
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