Bruselas se mueve en dos direcciones opuestas frente a Cuba, y lo hace casi al mismo tiempo. Mientras el Parlamento Europeo amenaza con romper el diálogo político con La Habana por la represión, la Comisión Europea confirma que ha elevado la cooperación con la isla a su nivel más alto en una década.
No es un matiz diplomático menor. Ocurre en el mismo semestre en que dos organizaciones independientes documentan el periodo más represivo en años, con cifras que superan con holgura las de etapas anteriores.
El resultado es un pulso silencioso entre dos caras de la misma institución: la que condena en el hemiciclo de Estrasburgo y la que sigue firmando compromisos de cooperación sobre el terreno, amparada en un acuerdo que, sobre el papel, obliga a hablar de derechos humanos.
La UE eleva su cooperación con Cuba a 125 millones de euros
La Comisión Europea confirma que el paquete de cooperación con Cuba para el periodo 2021-2027 asciende a 125 millones de euros, frente a los 50 millones que Bruselas destinó al ciclo anterior, 2014-2020, según consta en el programa indicativo de aquel periodo. Es un incremento del 150% entre marcos plurianuales.
Los fondos se destinan a transición ecológica, energías renovables, modernización económica, el sector privado emergente y biotecnología. La propia Comisión precisa que el dinero no llega directamente al Gobierno cubano, sino a agencias implementadoras: agencias de la ONU, de Estados miembros o de ONG europeas.
Uno de esos canales es el proyecto NAE (Apoyo a los Nuevos Actores Económicos), financiado por la UE y ejecutado junto al PNUD, la Cooperación Francesa y el Ministerio de Economía cubano, que en julio de 2026 seleccionó 63 iniciativas entre 393 propuestas presentadas.
Un acuerdo con una cláusula de derechos humanos que Bruselas no ha activado
El marco legal de esa cooperación es el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación UE-Cuba, firmado en 2016 y en aplicación provisional desde noviembre de 2017, que fija el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho como "elemento esencial" del pacto. El texto prevé un diálogo específico en la materia y contempla la suspensión como medida de último recurso ante una infracción importante de esos elementos.
Esa cláusula es justo lo que invocó el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2026, cuando aprobó por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones una resolución que exige la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, pide sanciones contra Miguel Díaz-Canel y los líderes de GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana, y advierte que la UE debería suspender el acuerdo bilateral si no hay pasos concretos hacia una transición democrática.
El 15 de julio de 2026, la Comisión de Peticiones del Parlamento votó mantener abierta una petición presentada por el Center for a Free Cuba y la Asociación Española Cuba en Transición que reclama activar esa suspensión, según confirmó Libertad Digital. La Comisión Europea deberá justificar por escrito por qué, de momento, se niega a romperlo.
Si este pulso entre Bruselas y La Habana marca el rumbo de la política europea hacia Cuba en los próximos meses, quienes quieran seguir cada movimiento pueden suscribirse al boletín de CubaFull.
Casi 2.000 acciones represivas en seis meses
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 1.949 acciones represivas entre enero y junio de 2026, según el informe publicado el 7 de julio. El recuento incluye 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas particulares, además de al menos 300 acciones dentro del sistema penitenciario, la mayoría contra presos políticos y de conciencia.
Los periodistas independientes fueron uno de los grupos más golpeados, con 91 casos en el semestre. La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara concentraron el mayor número de hechos, y el 36,5% de las víctimas fueron mujeres. Enero, abril y mayo fueron los meses más represivos, aunque solo en junio la organización sumó 299 acciones más.
Presos políticos y las dudas sobre las liberaciones
Prisoners Defenders situó en 1.306 los casos de presos políticos abiertos (820 encarcelados) al cierre de junio de 2026, con 32 nuevas incorporaciones en el mes, 7 bajas y 40 personas que fueron detenidas siendo menores de edad, según su informe del 9 de julio. Al cumplirse cinco años del 11J, CubaFull documentó el detalle de esas cifras.
Amnistía Internacional ya había advertido en abril que el indulto de 2.010 personas anunciado el 2 de abril de 2026 seguía marcado por la falta de transparencia, porque las organizaciones de derechos humanos no habían podido verificar la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Human Rights Watch llegó a una conclusión similar el 10 de julio: cinco años después de las protestas del 11J, cientos de manifestantes siguen tras las rejas, muchos condenados por ejercer derechos que deberían ser legales.
Análisis: la cláusula que ninguna cifra ha activado
Lo que muestran estos hechos, leídos juntos, es que el brazo político de la Unión Europea y su brazo de cooperación funcionan por vías separadas y con calendarios que no se cruzan.
El Parlamento condena, amenaza y exige explicaciones. La Comisión Europea, que administra los fondos y es quien tendría que activar el artículo del acuerdo que permite suspenderlo, no ha detenido un programa que sigue ampliando compromisos con instituciones cubanas mientras se acumulan los informes de represión.
Esa distancia entre el discurso y la ejecución no es nueva: el propio acuerdo incorpora desde su firma en 2016 una cláusula de derechos humanos, pero su mecanismo de suspensión exige un paso político que la Comisión, hasta ahora, ha evitado dar.
Para los cubanos en el exilio en España y Estados Unidos, que llevan años pidiendo presión internacional sobre el régimen, el contraste es directo: el dinero europeo crece al mismo ritmo que las cifras de represión, sin que una cosa condicione realmente a la otra.
