Siete personas que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 salieron en junio de 2026 de la lista de presos políticos de Cuba por una sola razón: agotaron hasta el último día la condena que les impuso un tribunal del régimen. No hubo indulto, ni beneficio, ni gesto de gracia. Cumplieron la pena completa, tal cual constaba en la sentencia.
El patrón, sin embargo, no termina ahí para la mayoría de los manifestantes del 11J que deberían estar libres desde hace tiempo. Justicia 11J y Prisoners Defenders documentan años de excarcelaciones a medias, beneficios revocables y reingresos a prisión, incluso cuando el tiempo de condena ya había corrido su curso completo.
La propia Constitución cubana fija que nadie puede ser privado de libertad fuera del tiempo legalmente establecido, y reconoce el habeas corpus para quien lo esté. Lo que muestran estos casos es la distancia entre esa norma escrita y lo que ocurre, condena tras condena, dentro de las prisiones cubanas.
Siete condenas cumplidas hasta el último día
Prisoners Defenders retiró en junio de 2026 a siete personas de su lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente su sentencia, según el informe del quinto aniversario del 11J, publicado el 9 de julio. El mismo mes, la organización incorporó 32 casos nuevos y elevó su conteo a un récord de 1.306 presos políticos, 40 de ellos detenidos siendo menores de edad. Ya hemos detallado ese récord con el desglose completo de cifras.
No es la primera vez que aparece este tipo de salida. Entre el 15 de enero y el 10 de marzo de 2025, Justicia 11J documentó que al menos 212 personas sancionadas por razones políticas fueron excarceladas, el 98% con condenas vinculadas al 11J. De ellas, tres ya habían agotado por completo su sanción en el momento de salir, y una cuarta tenía apenas un mes pendiente, según el propio informe de Justicia 11J.
Qué tendría que hacer Cuba cuando una condena termina
Cuando un manifestante del 11J agota íntegramente su condena, la ley cubana no deja margen de interpretación: el Estado tiene que excarcelarlo, cesar cualquier restricción de movimiento o vigilancia sin una nueva base judicial que la sustente, y permitir el recurso de habeas corpus si la privación de libertad continúa pese a ello.
Eso es lo que fijan, sobre el papel, la Constitución y el Código Penal cubanos. Lo que documentan Prisoners Defenders y Justicia 11J, condena tras condena, es la distancia entre esa obligación legal y lo que ocurre en la práctica.
El caso que expone el patrón: Yoel David Ochoa Vergara
Yoel David Ochoa Vergara cumplió una condena de 10 años por su participación en las protestas del 11J. Salió de prisión el 20 de enero de 2025 bajo licencia extrapenal, la vía que el régimen usa para liberar sin reconocer un indulto ni una excarcelación plena.
El propio Estado revocó esa licencia y lo devolvió a la cárcel en 2026, según confirmó Prisoners Defenders en su informe del quinto aniversario.
Su caso no es aislado. Otros 230 presos políticos, muchos del 11J, salieron bajo ese mismo régimen carcelario-domiciliar en los últimos años, siempre con la amenaza de la revocación sobre la cabeza.
Ni libertad ni transparencia: el patrón se repite en 2026
Ninguna de las 212 excarcelaciones documentadas por Justicia 11J en el proceso de 2025 fue libertad plena: todas quedaron bajo beneficios revocables, restricciones de movimiento, citaciones policiales y vigilancia. La organización registró más de 80 incidentes de hostigamiento y 6 reencarcelamientos solo entre esas personas.
El 9 de abril de 2026, Justicia 11J confirmó otras 20 excarcelaciones de personas sancionadas por su participación en las protestas de julio de 2021, entre ellas Adael Jesús Leyva Díaz, Ariel Pérez Montesino y Franklin Reymundo Fernández Rodríguez. La mayoría no estaba cerca de cumplir su sanción: salieron por beneficio penitenciario, no por haber agotado la condena, según el balance de Justicia 11J.
Días antes de Semana Santa de 2026, el régimen liberó a 2.010 detenidos, según reportó Associated Press. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron entonces la falta de transparencia del proceso y advirtieron de que los presos políticos apenas figuraban entre los beneficiados.
Qué obliga el Código Penal cubano
La legislación penal cubana reconoce, para quien no tiene antecedentes penales (el perfil de la inmensa mayoría de los manifestantes del 11J que llegaron a prisión sin condenas previas), el derecho a solicitar la libertad condicional al cumplir la mitad de la condena impuesta. Para reincidentes, el umbral sube a dos tercios de la sanción, según ha explicado el propio Tribunal Supremo Popular de Cuba en sus orientaciones sobre este beneficio, regulado en el marco de la legislación penal vigente.
Prisoners Defenders documentó que el 91% de un grupo de 209 presos políticos excarcelados ya tenía derecho, conforme a los beneficios penitenciarios que Cuba aplica de forma regular a los delincuentes comunes (entre ellos, una rebaja de dos meses por cada año de condena cumplida), a un régimen abierto, la libertad condicional o la libertad inmediata en el momento de su salida, en algunos casos con más de un año de retraso, según su propio análisis.
Qué obliga la Constitución: plazo legal, habeas corpus y reparación
Más allá del Código Penal, la Constitución cubana fija en su artículo 95 que, en el proceso penal, nadie puede ser privado de libertad salvo por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido. Si una condena está cumplida en su totalidad, esa norma no deja margen: mantener a la persona presa, o bajo control estatal sin nueva base judicial, carece de sustento legal.
El artículo 96 reconoce además el habeas corpus para quien esté privado de libertad de forma ilegal, un recurso que obliga a un tribunal a resolver sobre la detención en un plazo breve tras presentarse la solicitud.
El artículo 94 añade, dentro de esas mismas garantías del debido proceso, el derecho a la tutela judicial y a la reparación e indemnización por daños causados por autoridades del Estado, mecanismos que, sobre el papel, cubrirían a quien pasó tiempo de más tras las rejas.
Situación | Qué debería ocurrir según la ley cubana | Qué documentan las organizaciones |
|---|---|---|
Condena cumplida en su totalidad | Excarcelación inmediata y fin de toda restricción | Bajas de la lista solo tras agotar hasta el último día, con historial de control posterior |
Mitad de la condena, sin antecedentes | Derecho a solicitar la libertad condicional | Prisoners Defenders halló retrasos de más de un año en el 91% de un grupo analizado |
Excarcelación bajo beneficio penitenciario | Medida temporal, no equivalente a libertad plena | Justicia 11J documentó vigilancia, citaciones y reencarcelamientos |
Privación de libertad fuera de plazo | Habeas corpus ante tribunal y derecho a reparación | Los tribunales cubanos carecen de independencia efectiva, según organismos de derechos humanos |
Qué exige la ley cubana frente a lo que documentan las organizaciones de derechos humanos
Esa distancia entre la norma y la práctica es la que seguimos mes a mes en CubaFull: quien quiera cada actualización de estas listas, apenas las publican Prisoners Defenders o Justicia 11J, puede suscribirse a nuestro boletín.
Análisis: una ley que existe, pero el régimen aplica a su conveniencia
A nuestro juicio, estos casos desmontan la idea de una excarcelación real en Cuba. Cumplir la condena, o incluso superar el umbral legal para la libertad condicional, no basta si el régimen sustituye la celda por la vigilancia del barrio, o revoca el beneficio cuando le conviene.
Lo que muestra el 91% documentado por Prisoners Defenders es que la propia ley cubana, aplicada con rigor, habría adelantado la salida de casi todos estos presos meses o años antes. El régimen prefiere la revocación, como en el caso de Ochoa Vergara, a soltar el control sobre quien protestó una vez.
Al menos 300 personas seguían presas por causas ligadas al 11J en vísperas del quinto aniversario, según Johanna Cilanno, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, citada por RFI. Entre ellas, las condenas más largas, algunas de más de 20 años por sabotaje o sedición.
