El acuerdo médico entre Cuba y Botsuana vuelve a estar bajo la lupa. Un nuevo informe pone números concretos a una práctica que los cubanos en el exilio llevan años denunciando en las misiones médicas del régimen por el mundo.
Esta vez el foco está en el sur de África, donde decenas de médicos cubanos en Botsuana trabajan bajo un convenio bilateral que, según la denuncia, deja la mayor parte del pago en manos del Estado cubano y no del médico que atiende al paciente.
El documento, elaborado por la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, detalla cuánto retiene el convenio, qué restricciones enfrentan los profesionales en su día a día y qué pruebas sostienen la denuncia.
Cuánto retiene el convenio por cada médico cubano
Según el informe, Botsuana paga 3.500 euros mensuales por cada especialista cubano, unos 4.094 dólares al cambio oficial de agosto de 2026.
De esa cifra, el médico recibe únicamente 1.000 dólares al mes, apenas el 24% de la tarifa contractual.
El resto, unos 3.094 dólares por profesional cada mes, queda dentro del esquema del convenio bilateral, en manos del Estado cubano y no del médico que presta el servicio.
Proyectado a un año, esa diferencia suma más de 37.000 dólares por especialista. Prisoners Defenders calcula que la misión desplegada suma unos 90 profesionales, lo que eleva la facturación anual estimada a más de 4,2 millones de dólares a favor del régimen.
Concepto | Cifra mensual por especialista | Cifra anual estimada |
|---|---|---|
Pago declarado por Botsuana | 3.500 euros (~4.094 dólares) | ~49.128 dólares |
Recibido por el médico cubano | 1.000 dólares | ~12.000 dólares |
Diferencia retenida por especialista | ~3.094 dólares | ~37.135 dólares |
Total estimado (90 especialistas) | ~4,2 millones de dólares |
Desglose del pago mensual por especialista cubano en Botsuana según el informe de Prisoners Defenders (agosto de 2026).
El convenio vigente no es nuevo ni pequeño. Según lo que el propio Gobierno de Botsuana informó a su Parlamento el 1 de abril de 2025, el país pagó a Cuba unos 31,3 millones de dólares (419,3 millones de pulas) por estos servicios sanitarios durante la década previa. El acuerdo actual se firmó en 2024.
Las restricciones dentro de la brigada médica cubana
El informe no se limita al dinero. También documenta un reglamento interno que condiciona la vida personal de los médicos durante la misión.
Según Prisoners Defenders, ese reglamento fue firmado el 3 de julio de 2026 por el jefe de la misión médica cubana en el país, el doctor Pablo Ricardo Betancourt Álvarez.
Entre las restricciones que recoge el documento están la prohibición de recibir visitas o pernoctas de personas ajenas a la brigada en las viviendas asignadas, la prohibición de visitar los domicilios de otros cubanos fuera de la misión y la prohibición de comprar o conducir vehículos propios sin autorización.
También se limitan las salidas nocturnas sin permiso previo, se restringe el consumo de alcohol y se aplican controles sorpresivos por parte de la jefatura.
Los testimonios recogidos por la organización describen además la retirada de pasaportes por parte de las autoridades cubanas, reuniones políticas obligatorias y jornadas de entre 56 y 64 horas semanales, con una media de 57,6 horas.
Cualquier salida que no sea por motivo profesional o de salud requiere consulta y autorización previas.
Qué pasa si un médico abandona la misión
La denuncia también recoge las consecuencias para quien decide romper el contrato antes de tiempo.
Según el Código Penal cubano vigente desde 2022, abandonar una misión en el extranjero se castiga con penas de tres a ocho años de prisión conforme al artículo 176, además de la prohibición de regresar a Cuba durante ese mismo periodo.
Es una de las claves que, según Prisoners Defenders, convierte el esquema en algo más cercano al trabajo forzoso que a un contrato laboral convencional.
Las pruebas que aporta el informe
La organización sostiene que el gobierno de Botsuana conocía la diferencia entre lo que pagaba y lo que llegaba al médico.
De acuerdo con el informe publicado por Prisoners Defenders, el propio gobierno botsuano informó a su Parlamento, el 1 de abril de 2025, la tarifa contractual de 3.500 euros por especialista, sin aclarar que ese dinero no llegaba íntegro al profesional cubano.
La denuncia no está sola. El Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de EE. UU., publicado en septiembre de 2025, ya había señalado que el régimen cubano podría haber sometido a trabajo forzoso a unos 80 profesionales médicos vinculados a la misión en Botsuana, y recomendó al país africano reforzar la detección de indicios de trata entre esos trabajadores.
Meses después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría REDESCA publicaron un informe sobre las misiones médicas cubanas en general que advierte de patrones de retención de ingresos, jornadas extensas y posibles situaciones de trabajo forzoso, e insta a Cuba y a los países receptores a investigar y sancionar esos casos.
Para Prisoners Defenders, ese conocimiento previo por parte de Botsuana convierte al país en parte activa del esquema, no en un simple pagador ajeno a lo que ocurre con el dinero una vez entregado al régimen.
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Análisis: un patrón que se repite fuera de Botsuana
Lo que documenta este informe no es un caso aislado. La retención de la mayor parte del salario y las restricciones de movimiento son un patrón que organismos como la CIDH y Human Rights Watch llevan años señalando en las misiones médicas cubanas en distintos países.
CubaFull ya contó cómo ese mismo mecanismo de retención salarial operó también en la misión médica cubana en Italia, donde una empresa cubana usaba una cuenta bancaria para quedarse con parte de los sueldos hasta que Estados Unidos sancionó a la comercializadora que la gestionaba.
Lo que aporta de nuevo el caso de Botsuana es la cifra concreta y la fecha exacta del reglamento interno que impone las restricciones, algo que hasta ahora solía quedar en el terreno del testimonio sin documento de respaldo.
La Habana defiende históricamente estas misiones como cooperación médica solidaria y voluntaria, y como una fuente legítima de ingresos para su sistema de salud. Los datos del informe apuntan en otra dirección: retención de más del 75% del pago, retirada de pasaportes y un reglamento que penaliza con cárcel el abandono del contrato.
A nuestro juicio, el dato más relevante no es solo cuánto se queda el régimen, sino que el país receptor tenía la información sobre esa diferencia, según consta en su propio Parlamento, y mantuvo el convenio de todos modos.
Eso traslada parte de la responsabilidad más allá de La Habana y abre la pregunta de qué otros gobiernos que contratan brigadas médicas cubanas conocen, y toleran, el mismo esquema.
