Miles de familias cubanas radicadas en Florida, muchas con hijos que crecieron y se graduaron de secundaria en el estado, reciben una noticia que trastoca sus planes universitarios. El sistema público de educación superior de Florida les cierra una puerta que hasta ahora estaba abierta.
La decisión no llega sola ni por sorpresa. Desde agosto, el estado ya exige presencia legal para matricularse en los colegios públicos y en los programas de educación para adultos. Ahora la restricción sube un peldaño y alcanza a las universidades de cuatro años, el destino habitual de quien termina el bachillerato con aspiraciones de carrera.
El cambio no es inmediato, pero sí definitivo: la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal aprobó este jueves la enmienda que impide la matrícula inicial a partir del año académico 2027-2028.
Qué aprobó la Junta y cuándo entra en vigor
La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal votó por unanimidad, el 3 de septiembre, enmendar la Regulación 6.001 sobre admisiones generales para excluir de la matrícula inicial, desde el curso 2027-2028, a quienes estén presentes ilegalmente en el país. La votación se produjo en una reunión celebrada en Florida Gulf Coast University, en Fort Myers, y pasó sin discusión como parte de la agenda de consentimiento.
La propuesta había arrancado el 24 de junio, cuando la Junta abrió el texto a comentario público, y llegó a votación final sin cambios sobre lo planteado entonces. La regla no fija una lista cerrada de universidades: se activa por institución, según si esa universidad, durante los dos cursos académicos más recientes, admitió o no a todos los aspirantes que cumplían los requisitos académicos generales.
A qué instituciones alcanza: universidades, colegios y educación de adultos
La restricción universitaria recae sobre el Sistema Universitario Estatal, que agrupa 12 universidades públicas, entre ellas la Universidad de Florida, la Internacional de Florida y la Estatal de Florida. La nueva norma no confirma todavía, institución por institución, cuáles quedan cubiertas por el criterio de selectividad.
La medida universitaria se suma a la regla que exige certificar ciudadanía o presencia legal para matricularse en los 28 colegios públicos del estado, vigente desde el 5 de agosto. Ese mismo día entró en vigor una norma paralela para los programas de educación general de adultos, que obliga a distritos escolares y colegios a verificar la ciudadanía o presencia legal de quienes se inscriben.
Varios legisladores estatales han cuestionado si estas reglas chocan con la Ley de Equidad Educativa de Florida y con las competencias reservadas a la legislatura en esta materia.
Qué significa "presente ilegalmente" y qué categorías migratorias entran en juego
El criterio que usan las nuevas reglas parte de la ausencia de estatus migratorio legal, no de una lista cerrada de visados o programas. En la práctica, cubre a quien no tiene ciudadanía, residencia permanente, visa vigente, parole activo, asilo o refugio reconocido, ni TPS.
El propio USCIS distingue entre tener un estatus migratorio legal y estar en un periodo de estancia autorizada, una diferencia que puede resultar decisiva para miles de jóvenes cubanos llegados bajo figuras temporales. Los beneficiarios de DACA no cuentan con un estatus legal reconocido, aunque la propia acción diferida puede considerarse presencia autorizada para otros fines: Florida no ha aclarado todavía cómo aplicarán las universidades y los colegios este criterio a quienes están amparados por el programa.
Para los cubanos con parole, la clave está en si el permiso sigue vigente en el momento de matricularse: mantenerlo activo conserva una base de presencia autorizada, mientras que tenerlo vencido o terminado puede dejar a la persona sin ella.
Cuántos jóvenes podrían quedar afectados
Cerca de 8.000 estudiantes sin estatus legal se gradúan cada año de las escuelas secundarias de Florida, según el recuento por estados del Migration Policy Institute publicado en febrero de este año. Florida ocupa el tercer lugar del país en esta medición, por detrás de Texas y California.
A esa cifra se suma la de quienes ya cursan estudios superiores: Florida cuenta con unos 60.000 estudiantes sin estatus legal matriculados en instituciones de educación superior, una cifra recogida por la prensa especializada en educación. El Sistema Universitario Estatal no lleva actualmente un registro propio de cuántos de ellos están matriculados en universidades públicas, lo que dificulta calcular con exactitud cuántos perderán la opción de inscribirse cuando entre en vigor la norma.
Qué opciones académicas quedan abiertas
Con los colegios públicos, los programas de adultos y ahora las universidades estatales fuera de alcance, la vía que permanece abierta son las instituciones privadas, no sujetas a estas reglas, aunque con matrículas sensiblemente más altas (las familias cubanas que envían hijos a la universidad en EE. UU. ya pagan de media más de 34.000 dólares por año académico) y sin acceso a ayuda financiera federal.
Las principales alternativas que siguen disponibles son estas:
Universidades e instituciones privadas de Florida, con políticas de admisión propias, aunque con costos más altos y sin ayuda federal.
Becas privadas y programas en línea, como los que impulsa TheDream.US para facilitar el traslado.
Otros estados con políticas más favorables de admisión, matrícula y becas para estos estudiantes.
Cerca de una cuarta parte, el 25,7%, de los estudiantes sin estatus legal matriculados en educación superior estudia en universidades privadas, según el mapa de instituciones privadas de la Presidents' Alliance, que identifica a la Universidad de Miami entre las de Florida con políticas propias para estos estudiantes. Otras universidades privadas del país, según la misma organización, tratan a estos jóvenes como estudiantes nacionales en el proceso de solicitud y cubren el costo total demostrado de la matrícula.
Organizaciones como TheDream.US impulsan también programas en línea y becas para facilitar el traslado hacia universidades privadas. Gaby Pacheco, presidenta de la organización, advirtió que la medida "va en contra de lo que se supone que sea la educación" y que habrá jóvenes que abandonen la secundaria porque ya no tienen aspiraciones.
Respaldo político y críticas
El vicegobernador Jay Collins defendió la decisión con una frase tajante: "las universidades públicas de Florida son para los estudiantes que están aquí de forma legal. Punto", y agregó que los contribuyentes del estado "no deben subvencionar oportunidades para quienes violaron nuestras leyes para llegar aquí". El gobernador Ron DeSantis, impulsor de la ofensiva contra beneficios educativos a estudiantes sin estatus legal desde 2025, celebró el voto de la Junta.
Desde el otro lado, Diego Sánchez, vicepresidente de política de la Presidents' Alliance, sostuvo que "Florida se está disparando en el pie": el estado "educó a estos estudiantes, se benefició de su esfuerzo, y ahora quiere cerrarles la puerta". El senador estatal Carlos Guillermo Smith cuestionó además la autoridad de las juntas educativas para crear restricciones que, a su juicio, corresponden a la legislatura.
Análisis: la velocidad importa tanto como la fecha
Florida se convierte en el cuarto estado del país, tras Alabama, Georgia y Carolina del Sur, en cerrar su educación superior pública a jóvenes sin estatus legal, y el de mayor tamaño en hacerlo. A nuestro juicio, lo que más debería preocupar a las familias cubanas en Florida no es la fecha de entrada en vigor, todavía lejana, sino la velocidad del proceso: de una propuesta abierta a comentario en junio a una regla firme en septiembre, sumada a otras dos que ya rigen desde agosto para colegios y educación de adultos.
Para buena parte de la comunidad cubana con hijos en edad escolar, muchos de ellos llegados en los últimos años bajo figuras migratorias hoy en revisión, la lectura es clara: el estatus legal deja de ser solo un requisito de residencia y pasa a condicionar directamente el futuro académico de la próxima generación, en un terreno (DACA, parole) donde ni siquiera el propio estado ha terminado de precisar las reglas.
Seguiremos esta cobertura a medida que la Junta de Gobernadores publique más detalles sobre las instituciones alcanzadas; quienes se suscriban al boletín de CubaFull recibirán la actualización en cuanto exista.
