El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó de hablar de la desnaturalización como una posibilidad abstracta y la convirtió en una política con metas numéricas. El fiscal general Todd Blanche la describió como "el mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia moderna" del país.
La ofensiva ya tiene nombres propios. Entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia presentó demandas contra 40 personas naturalizadas, acusadas sobre todo de ocultar delitos graves al jurar la ciudadanía, y dos de esos casos son de origen cubano.
Eso no convierte a cualquier cubano naturalizado en sospechoso. Pero sí señala qué expediente revisa el Gobierno con más lupa: el que cada uno presentó para hacerse ciudadano, y hay un documento concreto que conviene tener a mano antes de que llegue cualquier sorpresa.
Desnaturalización en EE. UU.: qué cambió y por qué ahora
La desnaturalización es el proceso legal por el que un juez federal puede revocarle la ciudadanía a quien la obtuvo mediante fraude u ocultamiento, y en 2026 dejó de ser un recurso excepcional para convertirse en una prioridad con metas numéricas del Departamento de Justicia.
La escalada tiene origen administrativo, no solo discursivo. El 11 de junio de 2025, la División Civil del Departamento de Justicia instruyó a sus fiscales a priorizar y perseguir al máximo los procesos de desnaturalización en todo caso que la ley y la evidencia lo permitan, con una lista de prioridades que incluye terrorismo, delitos sexuales, fraude financiero contra el Estado y tergiversaciones en la propia solicitud de naturalización.
USCIS complementó esa orden con un cambio de procedimiento: el 14 de septiembre de 2026, la agencia actualizó cómo sus oficinas remiten casos de posible revocación de ciudadanía bajo la sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con un periodo de comentarios abierto hasta el 14 de octubre.
El resultado se ve en los números. Un funcionario del Departamento de Justicia adelantó en junio de 2026 el plan de presentar al menos 250 demandas de desnaturalización para el otoño, una meta de 250 demandas que supone un salto drástico frente a las apenas 11 que, de media, presentó el Gobierno cada año entre 1990 y 2017.
Para contexto de escala, Cuba es uno de los principales países de origen de nuevos ciudadanos estadounidenses: en el año fiscal 2024 se naturalizaron 33.700 cubanos, según datos de USCIS.
Cuándo puede el Gobierno intentar quitar una ciudadanía
La desnaturalización no se aplica por capricho ni de forma retroactiva sobre cualquier naturalizado. La ley exige probar que la ciudadanía se obtuvo de forma ilegal o mediante fraude, declaración falsa deliberada u ocultamiento de un hecho relevante durante el trámite.
La Corte Suprema fijó en 2017 (caso Maslenjak v. United States) un estándar exigente: la mentira o el dato ocultado tiene que haber sido determinante para que esa persona calificara como ciudadana. Una omisión menor, sin relación con los requisitos de elegibilidad, no basta.
En la práctica, los motivos más comunes son mentir sobre antecedentes penales en la solicitud N-400, ocultar una orden de deportación previa, usar una identidad distinta a la real o declarar falsamente haber cumplido los años de residencia continua exigidos.
Cómo es el proceso ante una corte federal
El proceso tiene dos vías, y la diferencia importa. La civil es la que impulsa esta ofensiva: la lleva un juez federal, sin jurado, en el distrito donde reside la persona cuando se presenta la demanda. El Gobierno debe demostrar su caso con evidencia clara, inequívoca y convincente, un estándar alto pero más bajo que el penal. No hay derecho a un abogado designado por el Estado.
La vía penal, mucho más rara, exige probar el fraude más allá de toda duda razonable, como en cualquier delito federal, y puede acompañarse de cárcel.
Aspecto | Vía civil | Vía penal |
|---|---|---|
Quién decide | Un juez federal, sin jurado | Un jurado, como en cualquier delito federal |
Estándar de prueba | Evidencia clara, inequívoca y convincente | Más allá de toda duda razonable |
Consecuencia si el Gobierno gana | Pérdida de la ciudadanía y riesgo de deportación | Pérdida de la ciudadanía y cárcel |
Uso en la ofensiva actual | Es la vía que impulsa el Departamento de Justicia | Mucho más rara |
Las dos vías legales para revocar una ciudadanía naturalizada en Estados Unidos
En ambos casos, si el Gobierno prevalece, la persona pierde la ciudadanía, regresa a su estatus migratorio anterior (normalmente residente permanente) y queda expuesta a un proceso de deportación. Los casos civiles, además, suelen tardar años en resolverse por las protecciones constitucionales de por medio.
Los dos casos cubanos del último lote
El comunicado del Departamento de Justicia del 5 de octubre identifica a Javier Marrero-Pando, de 60 años, con demanda presentada el 31 de agosto de 2026 en el Distrito Medio de Georgia. Se le acusa de no haber revelado, durante su entrevista de naturalización de octubre de 2020, una agresión sexual agravada contra una persona con discapacidad intelectual cometida en mayo de 2020, por la que fue condenado en junio de 2022.
El segundo caso es el de Lázaro Eduardo Trujillo Viton, de 40 años, con demanda presentada el 1 de octubre de 2026 en el Distrito de Columbia. El Gobierno sostiene que ocultó su participación en una conspiración de fraude de atención médica y reclamos fraudulentos a Medicare, delitos por los que fue condenado después de obtener la ciudadanía.
Ambos casos comparten un patrón: no es la ciudadanía en sí lo que se cuestiona, sino una conducta criminal que, según el Gobierno, se escondió en el momento de solicitarla.
Qué documentos debería revisar un cubano naturalizado
Para la inmensa mayoría de cubanos que se hicieron ciudadanos de buena fe, este contexto no cambia nada. Pero si hay dudas sobre algo declarado en su momento, conviene tener a mano y revisar, idealmente con un abogado de inmigración:
La copia de la solicitud N-400 que se presentó para naturalizarse, con las respuestas exactas que se dieron, y cualquier anexo de "información adicional".
El certificado de naturalización y la fecha en que se otorgó.
Las actas o certificados de disposición final de cualquier arresto o cargo, previo o posterior a la naturalización, que no se haya declarado en su momento.
Certificados de matrimonio o divorcio, y cualquier nombre o identidad distinta que se haya usado antes de naturalizarse.
Declaraciones de impuestos o acuerdos con el IRS, si fueron relevantes para el trámite, y documentos del Servicio Selectivo si aplicaban.
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Análisis: el riesgo real frente al ruido
A nuestro juicio, la cifra que de verdad importa es la de contexto: 40 casos frente a los más de 24 millones de ciudadanos naturalizados que hay en Estados Unidos. La vía civil exige un estándar probatorio alto y procesos que se cuentan en años, no en semanas, y la Corte Suprema ya puso un límite claro con el requisito de materialidad de Maslenjak.
Lo que sí es nuevo y verificable es la escala administrativa: un memo de prioridades de 2025 y una meta de 250 demandas para 2026 son, en sí mismos, una señal de que el filtro se volvió más agresivo, aunque el umbral legal para ganar en un tribunal federal no haya cambiado.
Los dos casos cubanos conocidos hasta ahora tampoco apuntan a un barrido por nacionalidad: ambos se sostienen en condenas penales concretas que, según el Gobierno, no se declararon al naturalizarse. Para un cubano sin fraude ni ocultamiento en su expediente, el riesgo real sigue siendo bajo. La alarma que sí tiene sentido es revisar el propio historial si hubo algo que, en su momento, no se declaró con exactitud.
Esta ofensiva corre en paralelo a otros frentes migratorios que ya inquietan a los cubanos recién llegados, como los litigios sobre el I-220A y su relación con la Ley de Ajuste Cubano, aunque se trate de procesos legales distintos.
