El Departamento de Estado ultima un informe que documenta, según funcionarios citados por medios estadounidenses, casi siete décadas de conexiones entre La Habana y movimientos de izquierda radical dentro de Estados Unidos. En el centro del documento aparecen dos organizaciones con sede en suelo estadounidense: Code Pink y The People's Forum.
El texto todavía no tiene fecha oficial de publicación. Pero llega después de más de un año de escrutinio en el Congreso, con el Tesoro interrogando a la fundadora de Code Pink por un viaje reciente a la isla y un gran jurado federal investigando la red de dinero que sostiene a ambos grupos.
La pregunta que empieza a rondar Washington ya no es si esos vínculos existen. Es qué va a hacer el gobierno con ellos, y si eso significa obligar a estas organizaciones a registrarse como agentes de un gobierno extranjero o retirarles la exención fiscal que las protege desde hace años.
Qué confirma el Departamento de Estado
El propio Departamento de Estado confirmó que prepara un informe centrado en la estrategia del régimen cubano para impulsar el extremismo de izquierda dentro y fuera de Estados Unidos. Lo adelantó Breitbart, con acceso a extractos del documento, y lo recogió después el medio Voz. Nada del informe se ha publicado todavía de forma oficial: todo lo que se conoce procede de ese adelanto y de lo que un funcionario dijo a ese medio.
Entre lo que recoge el texto: Medea Benjamin, fundadora de Code Pink en 2002, vivió en Cuba entre 1979 y 1983. Su organización respaldó en los 2000 la campaña internacional por la liberación de los Cinco Cubanos, los agentes de inteligencia condenados por espionaje en Estados Unidos.
También está documentado el giro financiero del grupo. Jodie Evans, colíder de Code Pink, se casó en 2017 con el empresario Neville Roy Singham. Desde entonces, cerca del 25% de la financiación de la organización procede de entidades ligadas a él.
Singham vendió su empresa Thoughtworks en 2017 por 785 millones de dólares y reside desde hace años en Shanghái, donde comparte oficina con una firma de medios que promueve la imagen del Partido Comunista Chino, según reportó The New York Times en agosto de 2023.
Code Pink, del pacifismo a la lupa del Tesoro
Code Pink nació en 2002 como un grupo pacifista opuesto a la guerra en Irak. Dos décadas después es objeto de una consulta formal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La propia Benjamin confirmó a Fox News haber recibido el requerimiento. Lo describió como "un tipo de táctica de intimidación" y admitió: "es serio, porque están pidiendo todo tipo de información".
El requerimiento incluye cerca de una docena de preguntas sobre un viaje que Code Pink coorganizó a Cuba en marzo de 2026 dentro de la caravana Nuestra América Convoy. La delegación estadounidense, de unas 140 personas, salió de Miami el 20 de marzo con 6.300 libras de medicinas y suministros médicos, según reportó AP, dentro de un convoy internacional de más de 600 delegados y 120 organizaciones. El grupo llegó a La Habana al día siguiente, donde el propio Miguel Díaz-Canel recibió a los activistas y presentó la misión como un gesto de solidaridad frente al embargo.
Benjamin cifra en unos 170 los participantes de los que OFAC pide ahora documentación persona por persona y hora por hora, y en unos 600.000 dólares la ayuda entregada. Según Fox News, la investigación alcanza a unos 40 ciudadanos estadounidenses.
El representante cubanoamericano Mario Díaz-Balart calificó el viaje de "realmente vergonzoso", al señalar que sus organizadores volaron en primera clase mientras denunciaban las sanciones que, según ellos, afectan al pueblo cubano.
El Congreso ya pedía investigarlos antes del informe
El escrutinio sobre ambos grupos no nació con el documento del Departamento de Estado. El 16 de abril de 2025, el senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, envió una carta a la fiscal general Pam Bondi y al director del FBI, Kash Patel, para pedir que evaluaran si Code Pink y The People's Forum debían registrarse como agentes extranjeros bajo la ley FARA, por sus presuntos vínculos con el gobierno chino, según el comunicado de su propio comité.
Grassley describió a ambas organizaciones como "portavoces" del Partido Comunista Chino que se hacen pasar por activistas. Code Pink sostiene que se financia exclusivamente con aportaciones de individuos y fundaciones, sin influencia ni apoyo de ninguna entidad extranjera, y llegó a presentar una queja ética formal contra el propio Grassley por esas declaraciones. Ninguna de las dos organizaciones ha respondido públicamente al informe del Departamento de Estado, que aún no se ha publicado.
The People's Forum, Manolo de los Santos y los millones de Singham
The People's Forum, con sede en Nueva York, tiene como director fundador a Manolo de los Santos. Según el Departamento de Estado, viaja a Cuba desde al menos 2009 y aparece con frecuencia en medios oficiales del régimen. El informe también vincula a la organización con la toma del Hamilton Hall en la Universidad de Columbia durante las protestas estudiantiles de abril de 2024.
La organización ya estaba bajo la lupa del Congreso antes de este informe. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith, le envió una carta el 4 de septiembre de 2025 en la que la señalaba como un posible brazo de propaganda financiado por el gobierno chino que opera bajo la exención fiscal 501(c)(3).
Según Fox News, Singham canalizó 278 millones de dólares hacia una red de organizaciones estadounidenses desde 2017. De esa cifra, 22,5 millones llegaron a The People's Forum y 1,33 millones a Code Pink.
Un gran jurado federal de Nueva York investiga además si parte de ese dinero implica fraude bancario, fraude electrónico o lavado de activos, de acuerdo con Voz.
The People's Forum ha negado las acusaciones. Ante la carta de Grassley, la organización respondió que "las acusaciones de financiación del gobierno chino no solo son falsas, sino parte de una escalada peligrosa para aplastar la disidencia, señalar a activistas y silenciar a los movimientos pacifistas". Ni la organización ni Singham respondieron a las peticiones de comentario de Fox News.
El representante Carlos Giménez resumió la duda que mueve esa causa: "lo esencial del asunto es el origen de ese dinero, ¿de verdad es tan rico [Singham]?". Su colega Díaz-Balart fue más allá y preguntó directamente por qué estos grupos no están registrados bajo la ley FARA, al vincularlos con partidos comunistas y "regímenes terroristas".
Un informe que no llega solo
El documento se inserta en una ofensiva más amplia. El 1 de julio, el Departamento de Estado revocó el estatus migratorio de Carlos Antonio Lloga Domínguez, un cubano al que acusa de haber operado más de una década para el ICAP, el organismo de influencia del régimen en Estados Unidos, y que según Fox News trabajó con The People's Forum, Progressive International y Code Pink en la organización del convoy de marzo.
El 13 de julio, Washington sancionó a las Brigadas de Respuesta Rápida y a las Milicias de Tropas Territoriales bajo la Orden Ejecutiva 14404. Y el 16 de julio, el secretario de Estado Marco Rubio convocó en Washington a representantes de más de 60 países para abordar lo que definió como el "resurgimiento del terrorismo transnacional de izquierda".
La Habana se dio por aludida. El canciller Bruno Rodríguez acusó a Rubio de intentar "reinstaurar la persecución política y la represión" contra quienes se oponen a la administración Trump.
Qué implicaría en la práctica el registro FARA o la pérdida de la exención fiscal
La ley FARA obliga a registrarse ante el Departamento de Justicia a quien actúe en Estados Unidos como agente de un gobierno o entidad extranjera en tareas políticas o de relaciones públicas, salvo excepciones. El incumplimiento deliberado puede derivar en sanciones civiles o, en los casos más graves, en cargos penales, según explica la Unidad FARA del DOJ.
Ambas organizaciones operan además bajo la exención fiscal 501(c)(3). El IRS puede revisar o revocar ese estatus si una entidad incumple las normas aplicables, incluidas las restricciones a la actividad política, según sus propias reglas.
En paralelo, las regulaciones del Tesoro sobre Cuba, recogidas en el Reglamento de Control de Activos Cubanos, mantienen licencias específicas para viajes y transacciones humanitarias. Presentar una entrega de suministros como ayuda humanitaria no la exime automáticamente de esas reglas, según el reglamento vigente de la OFAC.
Hay una cuarta vía, y es la más severa. Expertos legales consultados por Fox News explicaron que los requerimientos del Tesoro pueden acabar determinando si los fiscales llevan el caso a lo penal, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), o si todo queda en un asunto civil de OFAC. La diferencia no es menor: OFAC puede imponer multas civiles bajo un criterio de responsabilidad objetiva, sin probar intención, mientras que el Departamento de Justicia tendría que demostrar que hubo una violación deliberada, normalmente con pruebas de ocultamiento o evasión.
Ninguna de esas vías (FARA, IRS, OFAC o IEEPA) se ha activado todavía de forma pública contra Code Pink o The People's Forum. Son, precisamente, las herramientas que republicanos como Grassley, Díaz-Balart y Giménez llevan meses pidiendo usar. Si quieres seguir el desenlace de este informe y sus consecuencias legales apenas Washington confirme la fecha de publicación, puedes suscribirte al boletín de CubaFull.
Análisis: lo que ya pesa sobre ambas organizaciones y lo que todavía depende de Washington
A nuestro juicio, lo más relevante de este expediente no es que Washington sospeche de dos organizaciones de izquierda con simpatías por La Habana. Eso lleva documentándose en el Congreso desde la carta de Grassley en abril de 2025.
Lo nuevo es que el Departamento de Estado sume el peso diplomático de un informe formal, centrado en Cuba, al trabajo que ya hacían por separado el Tesoro, un comité del Senado y un gran jurado federal.
Lo que ya pesa sobre ambos grupos es la investigación administrativa y judicial en marcha: la carta de Grassley, la consulta de OFAC a Benjamin, la causa penal en Nueva York y el propio reconocimiento de Code Pink sobre el peso de la financiación ligada a Singham en sus cuentas.
Lo que todavía depende de una decisión política es si alguna de esas vías (el registro bajo FARA, la revisión del IRS, una sanción directa de OFAC o un caso penal bajo la IEEPA) se activa de forma efectiva, y si el informe del Departamento de Estado recomienda alguna de ellas cuando por fin se publique.
Esa distinción importa. Documentar vínculos ideológicos y financieros con el régimen cubano no equivale, por sí solo, a una designación con consecuencias legales inmediatas. Un requerimiento de información no es un cargo ni una constatación de que haya habido una violación. Mientras eso no ocurra, Code Pink y The People's Forum seguirán operando como lo han hecho hasta ahora.
