Durante años, el régimen cubano frenó cualquier reforma económica de fondo. Acorralado por la peor crisis en décadas y por la presión de Washington, esta semana cambió de rumbo.
La Asamblea Nacional aprobó el 18 de junio, por unanimidad, la mayor reforma económica de Cuba desde 1959: un paquete de 176 medidas que autoriza por primera vez la banca privada, abre la inversión directa de los cubanos del exterior y desmonta el monopolio estatal del comercio exterior.
¿Por qué precisamente ahora? Quienes frenaron estas medidas durante años las aprueban justo en la semana en que la isla se queda sin combustible y sin acceso a Visa y Mastercard.
Una reforma histórica aprobada en seis días
El proceso fue tan amplio como acelerado.
El gobernante Miguel Díaz-Canel anunció el paquete el 12 de junio, el Comité Central del Partido Comunista lo avaló en un pleno extraordinario el 17, y la Asamblea Nacional, órgano unicameral y de partido único que acostumbra a votar por unanimidad, lo aprobó al día siguiente.
Las 176 medidas, agrupadas en 23 ejes, fueron presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en una intervención de casi dos horas.
Marrero defendió que las medidas no suponen un abandono del socialismo, sino una condición para preservarlo, y rechazó que la apertura sea una concesión a la presión estadounidense, según recogió Infobae.
El régimen también comunicó que el expresidente Raúl Castro, de 94 años, respaldó el plan por escrito y siguió las sesiones de forma telemática, según la agencia AP. Esa participación, sin embargo, solo está confirmada por fuentes oficiales cubanas y no puede verificarse de forma independiente.
Los cambios más profundos
El texto íntegro del documento aún no se ha publicado en una fuente oficial abierta. De acuerdo con el detalle de las medidas que publicó La Jornada, los giros de mayor calado son:
Banca privada. Por primera vez desde 1959 se autoriza la participación de capital privado en la actividad bancaria, bajo supervisión del Banco Central y "en igualdad de condiciones" con la banca estatal, según las palabras de Marrero.
Mercado cambiario privado. Se permitirán casas de cambio privadas y un mercado cambiario digital con subastas de divisas, además de ajustes graduales en la tasa oficial del peso.
Inversión extranjera y de los cubanos de fuera. Los inversores ya no estarán obligados a asociarse con el Estado: podrán invertir directamente en el sector privado. Se autoriza además la compra de propiedades estatales por cubanos residentes en el exterior, "caso por caso", incluidas zonas turísticas.
Empresas estatales convertidas en sociedades por acciones, cuyo capital podrán comprar cubanos de dentro, del exterior y extranjeros, potencialmente incluso participaciones ligadas al conglomerado militar GAESA.
Fin del monopolio del comercio exterior: mipymes, cooperativas y empresas estatales podrán importar y exportar directamente.
Más mercado, menos Estado: eliminación de los topes de precios, introducción gradual de un IVA, fin del límite de 100 trabajadores para las mipymes, usufructos de tierra de hasta 99 años para inversión extranjera, autorización de criptomonedas y una reducción de ministerios de 27 a unos 20.
Marrero las calificó de "medidas de impacto estratégico" y avisó de que no son "disposiciones inamovibles".
Lo que el gobierno no ofreció fue un calendario de aplicación.
Cuba en colapso: el contexto que explica la urgencia
Las reformas se aprueban sobre un desplome económico difícil de exagerar.
La CEPAL calcula una caída del PIB del 6,5 % en 2026, la peor de la región. La Economist Intelligence Unit la eleva al 7,2 %.
El economista cubano Pedro Monreal sitúa la contracción real por encima del 15 %, más del doble de lo previsto por la CEPAL.
El sistema eléctrico está en quiebra: el primer semestre cerró con una media de 20 horas diarias de apagón y un déficit de 1.955 megavatios.
A mediados de junio, la generación apenas alcanzaba 1.215 MW frente a una demanda de 3.100. El propio Díaz-Canel reconoció que en cinco meses solo había entrado un barco de petróleo al país.
En el mercado informal, el dólar se cambiaba a unos 670 pesos a mediados de junio, más de un 50 % por encima de su valor de cierre de 2025, mientras la inflación interanual rozaba el 16 % en mayo.
A ese cuadro se suma el cerco de la administración Trump. Desde enero, una orden ejecutiva impone aranceles a quien suministre petróleo a Cuba, cortando de hecho el crudo venezolano.
En las últimas semanas, el Departamento del Tesoro sancionó a Díaz-Canel y su círculo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra la petrolera estatal CUPET, y la isla perdió el acceso a Visa y Mastercard.
El 20 de mayo, el Departamento de Justicia imputó formalmente a Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate.
Análisis: ¿Reforma real o maniobra de supervivencia?
Entre los economistas independientes domina el escepticismo, aunque con matices.
Monreal describió el paquete como "pragmatismo tardío" y un "reciclaje de viejos dogmas" sin conexiones claras entre las medidas. Ya había advertido que la crisis cubana es "sistémica" y que toda reforma de fondo empieza por lo político, no por lo técnico.
El economista Ricardo Torres, de la American University, sostiene que Washington exige cambios "más allá de los meramente cosméticos" y que, si solo hay castigo, el resultado puede no ser viable.
Otros, como Pavel Vidal, conceden que "hay algo nuevo" y que el régimen ha dejado "una puertecita abierta". El economista Daniel Torralbas la calificó directamente como la reforma más profunda en 70 años.
La crítica más dura llega desde la oposición.
El líder opositor José Daniel Ferrer resumió el recelo del exilio: el régimen "quiere capital sin capitalismo, inversión sin derechos, mercado sin libertad", y concluyó que "no son reformas, son parches".
La objeción de fondo es estructural: las medidas conviven con un modelo constitucional que sigue rechazando la propiedad privada como eje, y carecen, por ahora, de garantías jurídicas independientes que protejan a quien invierta.
El precedente pesa.
La Tarea Ordenamiento de 2021, la última gran reforma, fracasó en sus cuatro objetivos hasta el punto de que el propio Partido lo admitió en diciembre de 2023.
Cinco años después, la apertura a las mipymes aún arrastra más de 7.000 solicitudes pendientes de aprobar. Esa brecha entre el anuncio y la ejecución es, en Cuba, la norma.
La velocidad inédita del trámite, del anuncio al voto en seis días y justo después de las nuevas sanciones de Rubio, se lee de dos formas: como señal de voluntad política real, o como el gesto de urgencia de un régimen que necesita mandar una señal a Washington antes de que la asfixia se vuelva irreversible.
A nuestro juicio, lo aprobado esta semana se parece más a una señal dirigida a Washington que a un plan con voluntad real de desmontar el modelo.
Para los cubanos de fuera, lo más concreto ya estaba en marcha desde mayo: el Decreto-Ley 117 les abrió la puerta a invertir en la isla, y las medidas del 18 de junio la amplían con la compra de propiedades estatales y cuentas en divisas.
La letra pequeña, sin embargo, sigue ahí: no hay tribunales independientes que garanticen la propiedad, y para el cubanoamericano las sanciones de EE. UU. pueden convertir cualquier inversión en un riesgo legal.
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Lo que queda sin resolver (y sin fecha)
No hay cronograma de implementación, no se ha publicado el texto íntegro de las 176 medidas, no se conoce cuántos empleos públicos se eliminarán ni qué tasas aplicarán las futuras casas de cambio privadas.
Cuba ha anunciado su mayor giro económico en más de seis décadas. Falta por ver si esta vez el anuncio se convierte en realidad.